Emergencia y contrato social

Sobre la crisis ha opinado Raimundo y todo el mundo. Algunos tildando a los manifestantes de vándalos y acusándolos de querer destruir la patria, e incluso que los movimientos son financiados por fuerzas extranjeras queriendo desestabilizar al país. En el otro extremo aquellos que justifican toda acción sin que pueda existir un balance de lo bueno y lo malo.

En esa cascada de “analistas”, se ven y oyen más diagnósticos que propuestas, lo que poco ayuda a resolver la coyuntura y, por el contrario, polariza más a la sociedad en bandos antagónicos e irreconciliables. Ni siquiera el Gobierno, ni el comité del paro tienen claro qué quieren. Tumbada la reforma fiscal y aquella de salud, el Gobierno ofrece dádivas a jóvenes sin concertación, mientras los comités que dicen dirigir las masas sacan nuevas solicitudes del sombrero.

En medio de este barullo existen voces sensatas como aquella de Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes que en una entrevista con Caracol logró articular de manera sencilla el diagnóstico con las propuestas, y sobre ellas cabe profundizar. Planteó Gaviria dos temas fundamentales; uno de corto plazo que se expresa en una emergencia social y uno de mediano plazo que se expresa en la necesidad de un nuevo “contrato social”. Hay, sin lugar a dudas, una emergencia social y las cifras lo demuestran claramente.

Como lo recogió este diario la semana pasada “más de 21 millones de personas viven en la pobreza y 7,4 en la pobreza extremas”, lo que, según el Dane, representa 42% de la población. Se considera pobre el que está debajo de un ingreso mensual inferior a $331.688 y para todo mundo es claro que, si bien esa cifra que señala la entidad debe tener algún sustento científico, que aun aquellos que subsisten con $500 o $600 también son pobres.

A ello se suma una tasa de desempleo de 14%, que es una cifra exageradamente alta si se tiene en cuenta que casi 45% de ese empleo lo genera el sector informal y la tasa de desempleo para jóvenes de 14 a 28 años de edad es superior a 20%. Si esas cifras no son indicativas de una enorme emergencia social es que no entendemos la realidad. ¿Cómo afrontarla? Con un esfuerzo descomunal del gobierno que canalice todos los recursos disponibles hacía esa población. Menos ortodoxia económica y más preocupación por lo social. Frente al dilema de una inflación temporal y un pueblo con hambre, la decisión debe ser fácil. Esta acción no da espera cuando detrás de esas cifras se esconde la angustia diaria de poner comida en la mesa.

En el mediano plazo, propone Gaviria una revisión de contrato social. Para este país de juristas ello significa otra reforma constitucional que recoge anhelos que no se cumplen como sucedió con mucha de la letra muerta de la Constitución del 91. La verdad que más allá de leyes, nuestra organización social es excluyente y favorece la concentración del ingreso y la riqueza. Ello tiene solución con un manejo transparente y eficiente de los recursos públicos y un sistema fiscal sin gabelas para los poderosos que parecen ser los ganadores en cada reforma. La gran pregunta que debemos formularnos en el mediano plazo es si la clase política que ha estructurado el “contrato social” vigente tiene la capacidad y la voluntad de cambiarlo. No creo. Si de toda esta crisis surgen nuevos liderazgos, estaremos viendo la luz al final del túnel.

Lo inmediato: Resolver la emergencia social.