En razón al covid el Gobierno Nacional y los gobiernos locales se ha puesto en la tarea de regular todas las actividades económicas, permitiendo algunas de ellas con algunas condiciones y restringiendo otras totalmente. Esas acciones, que son justificables en razón a la pandemia, han generado, como todos sabemos, una crisis económica de dimensiones mayúsculas que obliga a pensar formulas y alternativas para que podamos salir de esta. La mayoría de las estrategias de recuperación se orientan al gasto público. La nación ha ofrecido programas de obras públicas que prometen generar cientos de miles de empleos. Otro tanto han hecho las ciudades cada uno con su “Plan Marshall” como lo denominó la alcaldesa de Bogotá. No tanto se ha hablado de la dinámica del sector privado como motor de esa recuperación, pero lo poco que menciona se relaciona bien con créditos blandos o subsidios a la nómina.

Una y otra estrategia tropieza con el mayor obstáculo que existe en la actividad económica nacional: la sobreregulación. Todo está regulado, todo está normado y en este país de abogados las actividades económicas transitan de manera permanente en el borde de la legalidad. Se requieren ejércitos de abogados para estar al día en la normatividad y para evitar la demanda o la acción del Estado por el incumplimiento de un artículo escondido en un decreto o resolución recientemente emitido por “la autoridad competente”. No en vano se afirma que las firmas de ingeniería, que tienen a su cargo las obras de infraestructura del país, ¡¡¡tienen en nómina más abogados que ingenieros!!!

Ese exceso de regulación existe a la hora de planear y llevar a cabo las obras que nos prometen se harán con gasto público para reactivar la economía, y existen para empresarios grandes y pequeños que tendrán que hacer enormes esfuerzos por sacar adelante sus negocios. Cuánto demorará la adjudicación de una obra pública con múltiples tropiezos que enfrentará en razón a la complejidad de normas que regulan estos procesos.

Cuántos permisos de las municipalidades, de las autoridades ambientales, de la Dian, y de autoridades sectoriales tendrán que surtir los empresarios y emprendedores que asuman la titánica tarea de la recuperación. No es sorprendente que la mitad del país se encuentre en la informalidad que no es otra cosa que la dinámica actividad económica que se sucede al margen del exceso de regulaciones. Esta realidad está claramente explicada en la obra de Hernando De Soto.

Es cierto, el ministro Restrepo y el Gobierno Nacional se propusieron en 2019 sacar adelante una gestión antitrámite y se logró la expedición del Decreto 2016 que trae disposiciones especiales para múltiples sectores. Pero los trámites son tan solo un aspecto de las regulaciones que tienen una actividad económica excesivamente regulada. Esa tarea tiene que complementarse con un esfuerzo gigantesco de eliminación de normas, facilitación y transparencia en los procesos de contratación. El reto que tiene el país es que todas esas obras que prometen el Gobierno Nacional y los locales empiecen a más tardar el primero de enero de 2021 y que los empresarios estén trabajando en producir y ofrecer servicios, no en hacer vueltas y sacar permisos. Nunca antes en nuestra historia económica fue tan necesaria una desregulación masiva que permita, como decía Mao, que florezcan mil flores, solo que estas de carácter económico.