Al garete

Colombia es un caso insólito en lo que hace a la convivencia de los ciudadanos, imperio de la ley y la eficacia de la fuerza pública. A pesar de existir un entorno favorable al delito los ciudadanos tienen en su gran mayoría un comportamiento correcto más por convicción que temor a las consecuencias.

Sería lógico pensar que en su país con un índice de impunidad que según la Secretaría de Transparencia de los 32 departamentos que hay en país, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior a 95%, y los 12 restantes entre 90% y 94,9%, el delito y el crimen estarían aún más disparados porque cualquier delincuente en Colombia tiene tan solo una probabilidad de 8% o menor de ser condenado por sus fechorías. La justicia parece atrapada en una tormenta kafkiana que involucra términos que nunca se cumple, expedientes que duermen el sueño de los justos, escasez de personal, y jueces mal pagos, para no mencionar los crecientes brotes de corrupción que diario registran los medios e involucran desde simples jueces hasta magistrados de todos los niveles. A ello se suman órdenes de captura que se hacen efectivas en cárceles sobrepobladas que son en si centros del crimen para que desde allí se continue el delito hasta el vencimiento de términos.

Ahora bien, la efectividad de las fuerzas del orden sería un antídoto parcial a esta situación pues su accionar llevaría a que se previnieran una cantidad enorme de los delitos que abruman al aparato de justicia ¡Pero no! A medida que avanza nuestra vida republicana la invocación de derechos sin límites a los ciudadanos y el afán del dialogo que nos hace parecer más civilizados, la fuerza pública tanto la policía como ejército parecen neutralizados. Hechos recientes muestran esa preocupante tendencia.

Soldados que son “retenidos” por ciudadanos cómplices de narcotráfico sin que ello tenga consecuencia alguna, mientras la situación “se resuelve” mediante el dialogo o la intermediación de alguien sin que se lleve a cabo la acción que motivó la presencia de la fuerza pública. Otro tanto vimos en Bogotá cuando los vándalos atentaban contra la propiedad privada y las instalaciones policiales, la autoridad llamó a los “Gestores de Convivencia” e impidió el uso legítimo de la fuerza por parte de la policía.

Los indicadores de asesinatos no se han elevado como se esperaría en esas circunstancias, pero es que la tasa de homicidios en Colombia es ya preocupante y permanece alrededor de la cifra de 22 casos por cada 100.000 habitantes similar a la de México y solo inferior en la región a Ecuador. Mas allá de estos casos de homicidios es evidente que los demás delitos están disparados como son el secuestro, la extorsión, el hurto y que hablar del vandalismo y el avance del narcotráfico y el crecimiento del número de sediciosos en armas.

Es que el exceso de “Woke” que conlleva el perdón permanente como fórmula única de justicia mediante amnistías como las propuestas en la Ley de Paz Total, y el diálogo como mecanismo exclusivo para desactivar el vandalismo o el abuso de los derechos de los que protestan bloqueando vías afectando a la mayoría de la población, está llevando al país al garete. La combinación de esta filosofía y la situación de la justicia y la fuerza pública llevarán al país a la parálisis.

Ahí tienen dos retos los candidatos a la Presidencia, más si el triunfo corresponde a la oposición que tendrá que enfrentar “todas las formas de lucha” por parte de las fuerzas de izquierda.