Analistas 28/11/2020

Regulación Inteligente como motor de modernización del sector TIC

La pandemia mundial del covid-19 representó un reto para el sector TIC y postal, y por supuesto para la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), como autoridad sectorial y regulador único de estos sectores.

Uno de los primeros retos fue diseñar e implementar en tiempo récord cerca de 24 medidas que respondieran a la nueva realidad y garantizaran a los ciudadanos el acceso a los servicios de telecomunicaciones y postales con calidad, y la protección de sus derechos, esto fue clave para el desarrollo de actividades laborales, comerciales, de salud y educación, en medio de la emergencia sanitaria.

Así mismo, garantizar la continuidad del despliegue de infraestructura TIC y el mantenimiento permanente de las redes, las cuales han funcionado durante toda la pandemia sin contratiempos.

En paralelo a las medidas de emergencia, en el nuevo regulador creado por la ley de modernización TIC del año 2019 nos planteamos una agenda ambiciosa que nos permite acelerar el cierre definitivo de las brechas de conectividad, y la mejora continua de los demás servicios de comunicaciones cuyo acceso ya es universal.

La independencia técnica y la convergencia de la nueva estructura de la Comisión nos ha permitido avanzar sin contratiempos, y por supuesto apoyar desde nuestra misión las políticas de desarrollo económico y tecnológico del país, eso sí, manteniendo nuestra independencia, y la toma de decisiones basados en la evidencia técnica. Ese, sin duda, siempre tendrá que ser el carácter del regulador, en beneficio de los usuarios finales.

Un elemento fundamental de esta agenda regulatoria 2020 es, sin duda, la promoción de la competencia, por ello desde la CRC hemos tomado medidas claras como la reducción del tiempo que toma la portabilidad numérica móvil o cambio de operador, para que el usuario pueda decidir rápidamente a qué proveedor del servicio quiere portarse sin que se generen trabas ni contratiempos, ahora en 24 horas.

Por otro lado, la mejora de las condiciones para la compartición de infraestructura con el sector eléctrico, que nos ha permitido en este año reducciones en el costo de despliegue en el mejor de los casos en un 74% menos.

Así mismo, fuimos osados y lanzamos el primer sandbox regulatorio en telecomunicaciones en el mundo, a la espera de lograr más flexibilidad regulatoria para el despliegue de comunicaciones en las zonas más apartadas del país. Esto es una apuesta innovadora en beneficio de quienes hoy no están conectados, y con una meta clara, que en 2024 más de 90% de los ciudadanos tenga acceso a internet móvil y 80% de esas conexiones sean por lo menos en 4G.

En línea con esa innovación regulatoria, decidimos implementar otros mecanismos diferentes y modernos, la digitalización del régimen de protección de los usuarios, que se encuentra en fase final de decisión, la implementación de metodologías de webscraping para el análisis de la información de los proveedores, la publicación permanente de datos en nuestro portal www.postdata.gov.co y el desarrollo de pilotos de inteligencia artificial para la toma de decisiones regulatorias, son solo ejemplos de lo que llamamos “regulación inteligente”.

A esas iniciativas se suman la creación del “observatorio de inversión del sector TIC” con énfasis en la recuperación sectorial postpandemia, también el proyecto de modernización y automatización del régimen de homologación de equipos terminales móviles que entrará en vigor desde 2021.

De igual forma, nos volcamos a las regiones para lograr la remoción de barreras normativas al despliegue de infraestructura TIC, logrando que casi 500 municipios iniciaran proceso de acreditación con la CRC de las cuales mas de 240 han recibido la certificación.

Lamentablemente, las principales capitales del país no hacen la tarea, y, por el contrario, en el peor de los casos algunas autoridades locales han impuesto más restricciones al despliegue y mayores costos, asociados a carga tributaria local. Por ello publicamos el índice de favorabilidad al despliegue de infraestructura de capitales colombianas donde solo tres de 32 se salvan.

La regulación inteligente entonces se constituye en una forma de trabajo, en una nueva visión del regulador TIC, postal y audiovisual colombiano, basados en la colaboración, en la simplificación de los marcos regulatorios, en la reducción de cargas, la generación de espacios de autorregulación, el uso de tecnologías y data para mejor regulación y la innovación con esquemas experimentales como sandbox, lo cual nos ha demostrado impactos positivos como parte de la mejora regulatoria. Pero ¿es necesaria esta regulación inteligente y la flexibilización?

Por supuesto que sí, estoy convencido que la regulación inteligente es una necesidad y sirve para responder a la evolución tecnológica y a los cambios en los hábitos de consumo. Por ejemplo, flexibilizar hace posible dinamizar los mercados y promover mayor inversión.

Precisamente eso es lo que planteamos en nuestra propuesta de Agenda Regulatoria 2021 - 2022, un plan de trabajo más fuerte, convergente, pro-competencia e inversión, que genere el ambiente propicio a los nuevos jugadores y a los establecidos, que beneficie a los ciudadanos con más oferta de servicios de comunicaciones, mayor cobertura y mejores precios.

El diseño de la regulación inteligente debe estimular los mercados, garantizar que todos jueguen en un mercado de sana competencia, que además de mejorar los precios y la calidad de los servicios, vea en la satisfacción y la atención al usuario el factor diferencial.

Hoy hay un gran reto de conectar a los no conectados, esto por encima del solo interés comercial de las empresas, en una visión de gana - gana, donde el país se beneficia en desarrollo económico y las empresas obtienen su retribución justa para mantener al país comunicado, pero con calidad y mejores velocidades.

Esa es la apuesta, flexibilizar la regulación, motivar el despliegue de infraestructura, eliminar barreras e incentivar la inversión y el desarrollo de nuevos productos y servicios, pero a cambio de precios justos, calidad del servicio y atención real y oportuna a los usuarios, allí las empresas tienen mucho por hacer.