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A pesar de representar 99,5% del tejido empresarial colombiano, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyme) continúan enfrentando una de las barreras más persistentes e invisibles de la economía nacional: el acceso real, oportuno y eficiente al crédito formal. El más reciente Reporte de Inclusión Financiera, elaborado por la Superintendencia Financiera de Colombia, expone con contundencia cómo el mercado financiero sigue funcionando más como un filtro que como un catalizador para estas unidades productivas.
En 2023, 87,3% de las empresas contaba con al menos un producto financiero. No obstante, esta cifra se desdibuja al analizar los niveles de profundidad y uso. Solo 51,2% de las empresas tuvo al menos un producto financiero vigente, y en el caso específico de las microempresas, ese porcentaje apenas alcanzó 48,6%. Esto revela que si bien la cobertura nominal ha crecido, el uso efectivo sigue siendo limitado, especialmente para quienes más lo necesitan.
El acceso al crédito, elemento esencial para el crecimiento y sostenibilidad empresarial, muestra una brecha crítica. Apenas 43,2% de las empresas contaba con al menos un producto de crédito vigente, cifra que cae a 40,4% para las microempresas. A pesar de representar 95,2% del total empresarial, su participación en el volumen de cartera solo alcanzó 11,5%. Por el contrario, las grandes empresas, que son menos de 0,5%, concentran 66,6% de dicha cartera. El contraste es aún más evidente en el valor promedio de los desembolsos. Mientras que las grandes empresas recibieron en promedio $1.221 millones por operación, las microempresas accedieron apenas a $5,7 millones.
El reporte también destaca que las microempresas son las que más utilizan créditos de bajo monto, con una participación de 75% en esta modalidad. Sin embargo, esta concentración refleja más una restricción estructural que una preferencia, dado que estas líneas suelen estar asociadas a menores montos, tasas más altas y plazos más cortos. Además, 54,2% de los créditos empresariales activos para microempresas tiene una duración menor a un año, lo que limita su potencial para financiar inversiones productivas de largo plazo.
Otro dato revelador es el relacionado con el perfil de las empresas según su acceso al crédito. Solo 22,9% de las empresas con menos de tres años de constitución contaba con productos de crédito, en comparación con 52,1% de aquellas con más de cinco años. Esto indica que la juventud empresarial es un factor de exclusión en sí mismo, y el sistema financiero, en lugar de compensar esta vulnerabilidad, la profundiza.
La informalidad también emerge como una barrera transversal. De las unidades productivas encuestadas, un 35,7% indicó que no accedió a productos financieros por no cumplir con los requisitos exigidos, y otro 33% manifestó temor al endeudamiento. Estas respuestas evidencian no solo problemas de percepción, sino también fallas estructurales en el diseño y comunicación de las soluciones financieras disponibles.
A pesar de algunos avances, como el crecimiento de 10,3% en el número de microempresas con productos financieros frente al año anterior, el panorama sigue siendo preocupante.
La inclusión financiera empresarial en Colombia es más un indicador de formalidad que de desarrollo. Las empresas más pequeñas siguen atrapadas en un círculo de exclusión donde su tamaño, nivel de formalización y edad empresarial les impiden acceder a productos adecuados, sostenibles y adaptados a sus realidades.
El primer daño es el tránsito de la búsqueda genuina de la verdad hacia la imposición de la posverdad, donde los hechos dejan de importar y son reemplazados por narrativas conveniente