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De las 4.607 entidades territoriales evaluadas en 2025, solo 2.849 (62%) recibieron puntaje en el Índice de Desempeño Institucional (IDI). Las otras 1.758 respondieron el formulario MECI, que no produce un índice comparable. Ahí aparece el primer patrón relevante: 1.611 de esas entidades son personerías, concejos, contralorías y asambleas departamentales, y el 100% de ellas quedó sin puntaje. El instrumento que mide con rigor a las alcaldías, con cobertura cercana al 100%, no existe para quienes deben vigilarlas. El índice institucional tiene un punto ciego. Un sistema pensado para disciplinar la gestión ejecutiva deja sin termómetro a la infraestructura de control.
Entre quienes sí tienen puntaje, la mediana del IDI es 68,31 sobre 100, pero la distribución no es homogénea. El 11% de las entidades evaluadas, 313 de ellas, obtiene menos de 40 puntos, algo que en lenguaje crediticio se llamaría distress. Una quinta parte no alcanza siquiera 50, mientras que una de cada cuatro supera los 80. No hay un desempeño mediocre generalizado, sino una polarización clara entre un grupo con estándares altos y otro, más numeroso, con rezagos estructurales.
Por dimensiones, Gestión del Conocimiento (D6) es el eslabón más débil: 49,3 puntos frente a 76 en Direccionamiento Estratégico y Planeación. Es también la más dispersa (coeficiente de variación de 0,57 frente a 0,25-0,35 en las demás) y la que menos correlación guarda con el índice general (0,83 frente a 0,96 de Gestión para Resultados con Valores). Esa capacidad no depende del resto de la gestión: un grupo reducido la ha construido casi de forma independiente, mientras la mayoría simplemente no la tiene.
La geografía confirma la lógica de aglomeración: las capitales promedian 75,8 puntos frente a 63,8 del resto de municipios, y Bogotá llega a 91,7 con una desviación de apenas 7,5, señal de un piso institucional parejo. Donde la intuición falla es en los municipios Pdet, con una brecha de solo 3,5 puntos frente al resto del país (62,7 frente a 66,2). O el instrumento no capta toda la brecha real, o una década de intervención focalizada ya dejó huella medible.
El ranking departamental agrega otra sorpresa. Chocó (76,7) y Huila (76,3) superan a Antioquia (65,1), Valle del Cauca (66,1) y Santander (64,6), pese a la cautela de comparar universos de tamaño distinto y por grupo par. El dato confirma que el desempeño institucional del Furag no es un espejo del desarrollo económico territorial: son variables con lógicas propias.
Por naturaleza jurídica, alcaldías (70,2) y gobernaciones (83,7) superan a las Empresas Sociales del Estado, los hospitales públicos (62,1), y a las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios oficiales (57,0). Quienes prestan salud y servicios públicos en el territorio son también quienes peor gestionan. La brecha entre gobernar y ejecutar el servicio final al ciudadano es una alerta con nombre propio.
Un índice que mide con rigor a quien gobierna, pero deja sin número a quien debería vigilar, no mide desempeño institucional completo. Mide la mitad de la ecuación.
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