De la transición a la defunción

Las medidas que ha venido tomando el Gobierno Nacional para afectar la competitividad de los carbones colombianos y acelerar el marchitamiento temprano del sector, están estresando el sistema de generación y distribución de rentas nacionales, donde las mayores afectadas serán las regiones ¿Y cómo lo han hecho? Presionando el nivel de tributación del sector hasta un punto casi expropiatorio. Una sobretasa de renta de 10 puntos adicionales a la tarifa general, un impuesto a las ventas dentro de toda la cadena, que se genera dos y tres veces de manera antitécnica, una tarifa de anticipo de renta que se ha multiplicado casi por tres en menos de dos años, atrapando la caja de las empresas en un período de caída de precios internacionales, reducción de márgenes de rentabilidad de los proyectos y pérdidas operacionales. Adicionalmente, por decisiones administrativas, se ha incrementado el costo de los fletes terrestres de una manera desproporcionada, alcanzando incrementos de hasta 40% en algunas de las rutas más estratégicas para los carbones y coques del interior. También la prohibición de exportaciones a Israel que no solo limita la colocación tradicional de un importante volumen de carbón térmico, sino que mina la confianza comercial de otros compradores de carbones colombianos. Y no menos importante la restricción portuaria hacia los mercados del Asia-Pacífico con el cierre de Muelle 13 en el puerto de Buenaventura, una terminal con capacidad anual de cerca de un millón de toneladas que hoy no opera por decisión del gobierno. Todas estas medidas han incrementado el costo de producir, comercializar, transportar y exportar carbones y coques colombianos que, siendo tomadores de precios internacionales que han estado a la baja en los últimos dos años, nos limita la competitividad frente a otros productores mundiales. Y no, no es cierto que la demanda de los carbones esté decreciendo como rezan los discursos oficiales. Por el contrario, pese a los compromisos y objetivos climáticos, la demanda de carbones continúa creciendo en más de 1.000 millones de toneladas desde que se firmó el acuerdo de París en 2015, hasta los 8.500 millones de toneladas alcanzados en 2023. Para 2024, siguió creciendo hasta los 8.772 millones de toneladas y se proyecta que en 2025 cierre el año con cerca de 8.900 millones de toneladas. Lo que está decreciendo es la producción y las exportaciones de carbones y coques colombianos por las razones anteriormente expuestas. En lo que va corrido de enero a agosto estas exportaciones cayeron más de 30% con respecto a 2024, con una reducción anual de más de 11 millones de toneladas, lo que se traduce en que los departamentos y municipios reciban menos regalías, que se calculan en cerca de $100.000 millones menos por cada millón de toneladas de carbón dejado de producir, lo que puede significar para 2025 aproximadamente $2 billones menos de regalías para el sistema de reparto territorial.

Acelerar la salida de los carbones de la economía nacional con la excusa de la transición energética, sin un plan fiscal gradual de reemplazo de fuentes, no va a golpear gravemente a los entes territoriales, ya los está golpeando, y no se han dado cuenta.