sábado, 14 de marzo de 2020

Más columnas de este autor Carlos Camargo Assis

La reglamentación de la reforma al Sistema General de Regalías (SGR) ocupará un lugar prioritario en la agenda del Congreso de la República para la nueva legislatura que comienza este 16 de marzo. El Gobierno Nacional y las administraciones departamentales han trabajado juntos en un proceso de construcción de una iniciativa íntimamente ligada al desarrollo territorial.

Se trata de un tema complejo que históricamente ha generado tensiones entre el Estado central y las regiones, principalmente porque los recursos derivados de las regalías han estado sometidos a un régimen de intervención.

Hoy las circunstancias son distintas y deben favorecer el espíritu de consenso con el que todos los actores llegan al escenario legislativo. Existe una Ley de Regiones que fortalece la autonomía regional y un Plan Nacional de Desarrollo que, por voluntad del Presidente de la República, tiene un enfoque territorial. Por eso la reglamentación de la reforma al SGR debe estudiarse como un asunto hilvanado con el núcleo del un nuevo régimen territorial orientado a impulsar la descentralización y la autonomía a la que aspiran las entidades territoriales.

Ese nuevo ambiente favorece los análisis y discusiones que sirven para replantear algunos de los puntos contenidos en el proyecto formulado por el Gobierno Nacional. Es necesario corregir los sesgos de recentralización por cuanto les quitaría a las regiones la posibilidad de viabilizar los proyectos y administrar los recursos para la ejecución de iniciativas que consulten sus necesidades. Igualmente, se hace necesario realizar la distribución del 100% de los recursos de inversión regional en cabeza de los departamentos, con el fin de garantizar la financiación de los proyectos prioritarios para las regiones. Igualmente, evitar que las Secretarías Técnicas de Órganos Colegiados de Administración y Decisión (Ocad) pasen de la órbita de las entidades territoriales a la de Planeación Nacional. Hago mía la inquietud expresada por varios gobernadores en el sentido de que tampoco resulta lógico que 10% de los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación dejen de ser manejados por los departamentos y pasen también a la égida administrativa del Gobierno.

Como lo sostiene el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán López, el Acto Legislativo que dio origen a la reforma significó un avance fundamental porque devolvió recursos a las entidades territoriales productoras, sin perjuicio de las que no lo son y suprimió la intervención de los Ocad en el trámite, aprobación y ejecución de las regalías directas. Sin embargo, su reglamentación podría afectar sensiblemente su autonomía para manejarlos. Sobre la mesa está una interesante propuesta del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, de aprovechar la coyuntura para fortalecer las RAP, que bien podrían ejercer con acierto el papel de secretarías técnicas de los órganos de decisión.

Vale la pena revisar con mayor detenimiento la distribución porcentual de los recursos, prevista de 50% para ser asignada a los departamentos para financiación de proyectos de impacto regional territorial, como bien lo aconseja el gobernador del Putumayo.

Como lo sugiere el gobernador de La Guajira, Nemesio Roys, debe abrirse un período de transición para que las nuevas administraciones puedan fortalecer sus índices de desempeño, pues de otra manera seguirían viendo limitado su acceso a recursos que es necesario aprovechar ahora para el desarrollo territorial por su carácter finito. Le asiste razón su colega de Tolima, José Ricardo Orozco, cuando plantea que las regalías son fundamentales para la ejecución de los planes de desarrollo y por eso los índices de desempeño no pueden seguir siendo una camisa de fuerza para restringir aun más la autonomía administrativa. Desde abril del año pasado la Federación Nacional de Departamentos ha abierto los escenarios para el análisis riguroso y serio del proyecto. Gobernadores, secretarios de Hacienda y otros integrantes de los gabinetes departamentales han sido convocados a mesas de trabajo para la identificación sistemática de inquietudes y necesidades. La dinámica seguirá siendo útil para la reestructuración y el trámite del proyecto de ley. No se trata de actuar con criterios unanimistas, pero sí de partir de los disensos para construir consensos sobre el futuro de los departamentos. El presidente Iván Duque -es necesario reconocerlo y destacarlo- les ha abierto las puertas de su despacho a los gobernadores, acompañándolos en diversos espacios donde el tema ha sido analizado. Lo propio han hecho sus ministros de Hacienda, Minas y el DNP.

Más allá de eventuales diferencias que suelen ser normales en estos procesos, lo destacable es que existe un ambiente propicio para que la reforma, animada por el espíritu de consenso al que me he venido refiriendo, tenga un alcance realmente estructural y sirva para impulsar la transformación del Estado hacia la descentralización. Representantes de distintas bancadas en el Congreso de la República han venido siguiendo y participando en las discusiones previas y se han mostrado dispuestos a consultar las necesidades de los territorios cuando llegue la hora de tomar las decisiones de fondo.