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Resiliencia institucional

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Si bien la naturaleza de la naturaleza es el cambio y la evolución, y estos deberían estar acompañados con una capacidad institucional también evolutiva, lo cierto es que el Sistema Nacional Ambiental (Sina), que cumple 20 años, ha sufrido tantos vaivenes que pareciera a punto de traspasar los umbrales hacia el caos. La constitución del 91 llevó al país a la creación de un ministerio de ambiente, junto con la reorganización del único sistema de gobierno descentralizado que subsiste en Colombia, el de las CAR. Pero la pugna política ha zarandeado tanto ambas instancias que lo único que se ha logrado es debilitar la gestión ambiental: si bien siempre hay reformas por hacer, algo de estabilidad y continuidad se requiere, un hilo conductor, una memoria. Eso es resiliencia institucional.

En el inicio afortunado, desde hace varios meses, de las discusiones para la construcción de una política pública de pesca y acuicultura en Colombia, encomendadas por el Ministerio de Agricultura a la FAO, se hizo evidente cómo la inestabilidad estructural de las instituciones competentes para hacer la gestión de este importante sector del desarrollo, ha impedido la aplicación de cualquier criterio de manejo del recurso, y, en general, ha destruido su gobernabilidad. El fenómeno viene de mucho atrás: algunas corrientes de pensamiento piden menos Estado, suponiendo que las fuerzas e intereses sociales producirán espontáneamente soluciones eficientes, lo que definitivamente no es el caso de la pesca en Colombia, ni en ninguna parte del mundo. El modelo chileno, el peruano y el mexicano así lo han demostrado, pues la pesca, siendo un bien común, requiere instituciones fuertes y un marco que, fomentándola, reconozca la complejidad natural de su gestión: esa es la aspiración de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, creada en 2011, después de ser ICA e Incoder en menos de 10 años.

El diagnóstico presentado hace unos días reconoce el arrasamiento de la cultura pescadora artesanal y la pobreza a que se ha condenado a miles de familias, que por no tener ningún reconocimiento o potestad sobre sus “territorios de aguas”, no existen, pese a ser los mejores conocedores y usuarios de la complejidad ecológica de nuestros humedales, que los alimenta. Reconoce que la pesca industrial tampoco ha sido más afortunada: los vaivenes regulatorios han desincentivado por completo la inversión privada, la que por demás también sufre los embates del narcotráfico y el conflicto armado, concentrado en los centros de acopio y procesamiento (Tumaco y Buenaventura), al extremo que hoy el desembarco de atún del Pacífico debe hacerse en Cartagena. Reconoce que la acuicultura no convence como la mejor opción productora de proteína para un país que prefiere la ineficiencia de las vacas al aprovechamiento de sus aguas, peces y fauna acuática, por su necesidad de sobrevivir copiando tecnologías para garantizar una rentabilidad de corto plazo a costa de un gran impacto ambiental. Y reconoce que la pesca ornamental se ha convertido en un desangre del patrimonio genético colombiano, que se exporta en una modalidad de saqueo legal espeluznante.

La relación entre la evolución del Sina y los retos de gestión del recurso pesquero (que debería llamarse hidrobiológico) es evidente: no se pueden gobernar los recursos naturales si no hay un concierto de instituciones con conocimiento compartido y capaces de comunicarse, y esa idea subyace a los esfuerzos recientes que se han hecho para construir una visión integral, o al menos integradora de la base productiva nacional: sus ecosistemas, monitoreados. 

Para un Ministerio de Ambiente, también recién restituido, que trata de promover una construcción transversal de política y que no actúa como una superintendencia regulatoria, es fundamental que los sectores cuenten con agencias como la ANH, la ANM, la ANI y con institutos de investigación modernos e independientes como Corpoica o Invemar, que deberían contar con su equivalente en el sector salud o el de minas: el Servicio Geológico Nacional adelanta una excelente tarea desde su reconstrucción en 2011, así como el renovado Instituto Nacional de Salud, aunque su afiliación ministerial les resta potencia, como señaló Moisés Waserman hace algunos días.

Bienvenida la innovación institucional, pero bienvenida la necesaria pausa para que se consoliden, pues el ánimo reformador no siempre coincide con las necesidades evolutivas de la gestión pública. Y el ingrediente fundamental para esa estabilización, es la paz.

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