Ipbes

Acaba de terminar en Antalya, Turquía, la segunda sesión de gobierno de la “Plataforma Intergubernamental para la Biodiversidad y los Servicios Ecosistémicos” (Ipbes por sus siglas en inglés), cuya creación formal resultó del proceso arriba señalado, hace poco más un año en Panamá y se consolidó en Bonn en enero, tras un largo y tortuoso proceso de negociación entre las naciones. Largo y tortuoso, porque a pesar de la urgencia que tiene el planeta de tener información y capacidades para afrontar la pérdida de biodiversidad y el deterioro fatal de los servicios de los ecosistemas de los que dependemos como humanidad, no es fácil acordar mecanismos globales al respecto: la gestión ética y eficaz de la totalidad de expresiones de la vida en la Tierra no depende solamente de formalizar una visión clásica del conocimiento (ciencia) y tiene implicaciones de fondo en los modelos de desarrollo y expectativas socioeconómicas de los países.

Las sesiones del Ipbes se concentraron esta vez en temas de procedimiento, ya que, a diferencia del cambio climático, la biodiversidad es un activo colectivo del planeta, pero está anclada en el territorio y debe ser manejada, quiérase o no, por la población local. Esto conlleva problemas de gobernanza de vieja data, cuyo ícono es la Amazonia: ¿quién tiene el derecho a definir su destino, los países de la cuenca, sus comunidades indígenas, o todo el globo? Obviamente, la pregunta debería trasladarse en términos equivalentes al Mediterráneo, por ejemplo. Hoy en día, cuando todos aspiramos a tener méritos en algo para ser reconocidos como “patrimonio de la humanidad”, no pensamos mucho en las implicaciones que ello trae en términos de derechos y deberes... 

La Ipbes, por tanto, enfrenta el mismo problema fundamental de la estructura contemporánea de los sistemas de gobierno y con el tiempo, evidenciará cómo las asimetrías del bienestar social y capacidades institucionales entre los países, independientemente de sus orígenes y los juicios históricos que hagamos de ellas, están por constituirse en el talón de Aquiles de la funcionalidad planetaria. Ya no hay que temer al exterminio por una guerra nuclear, la vida cotidiana de 9.000 millones de humanos y el statu quo están teniendo el mismo efecto.

El cuello de botella en la negociación son los mecanismos que habrán de seguir los países y la plataforma misma para configurar paneles de expertos globales, cuya responsabilidad será la de coordinar la realización de evaluaciones temáticas y regionales, en las cuales se pondrán en evidencia, quiérase o no, las fallas o limitaciones que cada nación tiene en la gestión de su biodiversidad, haciendo visible, como en el caso de las emisiones de CO2, los resultados de su gestión ambiental. La deforestación, por ejemplo, es grave en Colombia y con ello tenemos que reconocer que, si bien no somos un país que contribuye al calentamiento global, si tenemos dificultades en preservar el patrimonio genético o los procesos macroecológicos de los cuales dependen todas las sociedades. Ser megadiversos, además del prestigio que pretendemos, implica superar las dificultades para una gestión ambiental globalmente responsable, que entra en contradicción con el modelo macroeconómico mundial, donde los equilibrios no se logran: aún pareciera que estamos obligados a sacrificar los recursos naturales a cambio de estándares de vida que nosotros mismos no hemos definido, y que vienen en un paquete que equipara los derechos humanos a las elecciones de consumo en el mercado.

Luego de una larga disputa, no serán sólo los científicos reconocidos por los Estados (una categoría problemática) o aquellos más independientes, sino indígenas o personas cuya sabiduría y prestigio deberá guiarnos en esta difícil tarea. Y a esta escala, los elegidos se convertirán en la práctica en adalides de sistemas de pensamiento que habrán de proyectar su visión en una democracia ecológica que, por ahora, está en pañales.