Una historia, dos versiones

Mi respuesta a la columna de un amigo y colega, quien lleva varios años obsesionado con un personaje cuyo pecado fue tener la soberbia de proclamarse ‘Uribito’ y retar a la izquierda con una reforma agroindustrial. Su error de principiante, enfrentar al camaleónico establecimiento criollo y atravesarse a su estrategia de paz, que terminaría por entregarle la victoria a las Farc.

Pero imitando el estilo de mi colega, mi opinión no cuenta. Remitámonos a la versión de los hechos:

Las actuaciones de la Corte nunca fueron arbitrarias. Se refiere a la Corte del choque de trenes en épocas de Iván Velásquez, contradictor de Uribe; o la que había condenado a altos funcionarios de su gobierno, incluyendo al ministro de la política por hacer su trabajo; o la del Cartel de la Toga, que lleva años sin poder elegir nuevos magistrados por su alto grado de politización y corrupción.

Investigado y acusado por el Procurador Ordoñez y por la Fiscal Viviane Morales, embajadores en este gobierno, por lo que no se puede considerar persecución política. Ordoñez, contendor de Arias en el Conservatismo, quién el mismo columnista en una carta abierta a la OEA cuando su nombramiento, lo acusó de abuso de poder por estar en contubernio con un Magistrado de la misma Corte-Leonidas Bustos- por el carrusel de los nombramientos. Viviane -amiga de Samper, ternada por Santos, esposa del famoso exguerrillero y asesor de las AUC, Carlos Alonso Lucio-, y quien en su corto periodo en la Fiscalía se dedicó a perseguir al uribismo, saldando deudas pendientes y enfilando aspiraciones presidenciales.

Ahora, analicemos los delitos por los cuales fue condenado a 17 años de prisión:

Peculado por apropiación a favor de terceros. Como acepta el columnista, no se robó un peso para beneficio personal. Los terratenientes que parcelaron los predios para acceder a los créditos -los verdaderos delincuentes-, devolvieron el dinero y no pagaron cárcel por testificar en su contra.

Celebración de contratos sin lleno de los requisitos legales. Su cartera firmó un contrato con el IICA, entidad con la que todos los ministros anteriores y posteriores a él, han firmado acuerdos similares por razones técnicas y científicas. Los argumentos de la sentencia no superaron el estándar de duda razonable, como lo señala el profesor Wasserman.

Compró un apartamento en menor valor al avalúo comercial. Práctica común, pero por la cual el columnista insinúa existió un quid pro quo. ¿Si existen pruebas que Arias obtuvo un menor valor como contraprestación a los subsidios, por qué no se le acuso de enriquecimiento ilícito?

Que el sistema judicial americano no le creyó. La justicia americana se remitió a evaluar la parte formal de la solicitud de extradición presentada por el gobierno Santos, no los méritos del caso. La larga tradición de cooperación judicial existente en materia de narcotráfico y extradición, no permitía fallar de otra manera.

Arias, tiene responsabilidad política sobre las irregularidades que ocurrieron en su cartera y sin duda, cometió un grave error al fugarse. Pero una cosa es responder políticamente y otra muy diferente la responsabilidad penal por la cual está preso, más aún cuando no tenía una segunda instancia y su juez natural se había prejuzgado.