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Analistas 08/04/2021

De Arias a Fajardo

Andrés Otero Leongómez
Consultor en Investigaciones e Inteligencia Corporativa

Un sector de la opinión aplaudió la decisión de la justicia cuando se trató de condenar a Andrés Felipe Arias a 17 años de cárcel, por los delitos de peculado a favor de terceros y celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. La investigación se inició cuando Arias se perfilaba como el principal contrincante de Santos en la contienda electoral de 2010. Esa misma gente cuestiona hoy al ente acusador por imputar a Sergio Fajardo, por los mismos delitos y en el mismo momento electoral.

A Arias se le acusó de firmar indebidamente un contrato con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria (Iica) para beneficiar a unas cuantas familias pudientes de la Costa Caribe a través de los créditos que otorgaba la entidad. La defensa de Arias siempre sostuvo que el ministro firmó el mismo contrato con el Iica, de la misma forma en que lo habían hecho todos los ministros antes de él, que él no era responsable de otorgar los créditos y que no existió un detrimento para la Nación, pues los beneficiarios devolvieron la plata. A cambio de la delación, los verdaderos beneficiarios no pagaron un solo día de cárcel. Por esta conducta Arias fue condenado por la Corte Suprema y su sentencia ratificada por su juez natural. El resto de la novela ya la conocemos.

A Fajardo lo acusa la Fiscalía de haber firmado un contrato cuando era gobernador de Antioquia -sin cumplimiento de los requisitos legales con Corpbanca- para el endeudamiento en dólares del departamento en una cuantía de US$98 millones. Decisión que, por causa de la devaluación del peso, le causó un detrimento patrimonial importante al Departamento y un beneficio a la entidad financiera. Aunque la mayoría de líderes políticos y de opinión en el país han salido a la defensa del exgobernador argumentando que era imposible que Fajardo pudiera pronosticar el futuro comportamiento del dólar, la Fiscalía y algunos detractores sostienen que el exgobernador no ordenó los estudios pertinentes antes de tomar la decisión. Ahora le corresponde a la Fiscalía demostrar con pruebas que el exgobernador cometió una conducta dolosa y lograr que un Juez de la República determine con su fallo condenarlo, de existir mérito suficiente.

Independiente de los detalles de cada caso y de la responsabilidad subjetiva que les corresponde, en ninguna situación la justicia debería utilizarse para enredar judicialmente a contrincantes políticos o influir en el resultado de las elecciones. No digo que no se investiguen las conductas ilícitas de nuestros gobernantes, pero uno de los grandes retos de la justicia es tener el criterio para determinar si es un tema judicial o meramente político.

Vivimos épocas de gran desconfianza en las instituciones y todos de alguna manera estamos contribuyendo a la desinstitucionalización del país -y sin darnos cuenta- le estamos sirviendo la Presidencia de la República en bandeja de plata a Petro y sus secuaces. Si el problema es la falta de credibilidad e independencia-politización de la justicia, tenemos que hacer una reforma constitucional que le devuelva la magistratura a la Rama, pero no podemos seguir manejando un doble estándar de aplaudir o denigrar sus decisiones, dependiendo de la persona o sector político afectado.