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¿El Estado colombiano es mala paga?

Por cuenta de la disciplina de varios gobiernos, el Estado colombiano es reconocido como cumplidor de sus obligaciones financieras. En el concierto internacional, Colombia se precia de ser uno de los pocos países que nunca ha incumplido sus deudas. Este activo del Estado -ser buena paga- está amenazado por cuenta de algunos acontecimientos recientes. Esta es la historia:

Hace unos años el Gobierno expidió el Conpes 3260 de 2003 con el propósito implementar en Bucaramanga y su área metropolitana el Sistema Integrado de Transporte Masivo – SITM. Para desarrollar el SITM, Bucaramanga y los municipios aledaños crearon la sociedad Metrolínea S.A. a la cual encargaron la formulación, implantación y administración del sistema.

Seguidamente, Metrolínea S.A. celebró un contrató de concesión con la sociedad Estaciones Metrolínea Ltda. (Estaciones) para construir parte de la infraestructura del SITM. Para obtener la financiación requerida Estaciones realizó, a través de un patrimonio autónomo, una emisión de bonos que fue ofrecida a través de la Bolsa de Valores de Colombia. La fuente de pago de los bonos eran los recursos provenientes del contrato de concesión.

Después del inicio de las obras un juez las detuvo. Por cuenta de lo anterior y en virtud de lo dispuesto en el propio contrato de concesión, este tuvo que terminarse anticipadamente mientras las obras quedaron a medias.

Estaciones convocó a Metrolínea S.A. a un proceso arbitral para que se le reconocieran los miles de millones de pesos invertidos en la obra, de manera que se pudieran pagar los bonos. En febrero pasado un Tribunal de Arbitramento condenó a Metrolínea S.A. a pagarle a Estaciones la suma de $143.000 millones.

Metrolínea S.A. celebró con las entidades territoriales socias y con la Nación un convenio de cofinanciación en virtud del cual, y como premisa para la transferencia de cuantiosos dineros que la Nación hizo al SITM, los municipios socios se obligaron a proveer los recursos que permitieran la implementación del proyecto, así como a asegurar su sostenibilidad financiera.

Esta sostenibilidad financiera pasa, como es obvio, porque Metrolínea S.A. pague las condenas que se profieran en su contra. Si esta sociedad no tiene recursos sus socios tienen que proveerlos. De eso se trata el convenio de cofinanciación que el Ministerio de Hacienda debería hacer honrar.

Según el laudo arbitral, 50% de la condena debía pagarse el 9 de septiembre de 2017. Sin embargo, hasta la fecha nada se ha pagado y ni Ministerio de Hacienda ni las entidades territoriales han realizado gestiones para que se cumpla la condena. No parecen preocupadas.

Un laudo arbitral impago genera intereses a la máxima tasa legal. Al final alguien será responsable de la desidia en cumplir el laudo.

Cuando varios proyectos de infraestructura buscan con dificultad cierre financiero, este episodio, que se une a la lentitud en liquidar el contrato de concesión de la Ruta del Sol II, es muy negativo. En adelante los banqueros e inversionistas actuarán asumiendo que este tipo de eventos se puede repetir.