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Actualmente, cursa en el Congreso de la República el Proyecto de Presupuesto del Sistema General de Regalías para el Bienio 2019-2020. De manera paralela, en esta misma corporación, se discute el proyecto de Acto Legislativo que se propone modificar el Sistema General de Regalías creado en 2011. Los defensores de esta reforma constitucional insisten en que los costos sociales y ambientales derivados de la explotación de recursos naturales no renovables, no alcanzan a ser compensados por las regalías que reciben en tanto productores directos de dichos recursos. Con respecto al proyecto presupuesto bienal, se ha argumentado que el Sistema General de Regalías ha producido una mejor redistribución territorial de los recursos, pero que ha terminando financiando miles de proyectos sin articulaciones estratégicas que generen verdaderos impactos regionales. Lamentablemente, en estas discusiones, lucen por su ausencia la paz y la participación de las regalías en el financiamiento del Plan Marco de Implementación.
Al respecto, es necesario indicar que las regalías participan de 14% ($18,1 billones) del dinero requerido para ejecutar el Plan Marco entre los años 2017 y 2031. No obstante, estudios realizados por el Centro de Pensamiento y Diálogo Político, muestran que en el año 2017 se dejaron de canalizar $460.000 millones de regalías para el Plan Marco de Implementación, y que en el periodo 2017-2020 podría configurarse un faltante de alrededor $2 billones. Queda claro que, desde el punto de vista de las regalías, la paz está desfinanciada.
El problema radica en que este desfinanciamiento difícilmente será compensado con recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación, pues el Gobierno de Duque, además de prometer en la contienda electoral que “haría trizas los acuerdos”, ha insistido en la falta plata para asegurar el cumplimiento de la regla fiscal y llevar a cabo otros compromisos de campaña. La verdad es que no hace falta hacer trizas el Acuerdo de Paz para no cumplirlo: basta con desfinanciar el Plan Marco de Implementación que de él se deriva.
Esta situación muestra la necesidad de incluir el tema de la paz en el debate sobre el Presupuesto Bianual de Regalías y el Acto Legislativo que pretende reformar el Sistema. No se puede olvidar que el Acuerdo es un contrato firmado entre las Farc y el Estado colombiano en todos sus niveles. Tampoco, que lo consignado en los cinco puntos negociados no constituye un conjunto de prebendas para los excombatientes de la guerrilla, sino una hoja de ruta para construir un país más justo y democrático que beneficie a las mayorías del país.
En este sentido, se requiere que desde el Gobierno nacional y los entes territoriales se diseñen capítulos especiales relacionados con la implementación del Acuerdo en sus planes de desarrollo. Esto constituye un requisito básico para que los proyectos de regalías orientados a la ejecución del Plan Marco de Implementación puedan ser estudiados, aprobados y financiados por los Órganos Colegiados de Administración y Decisión Ocad.
Además del compromiso y voluntad de los entes territoriales, es fundamental fortalecer sus capacidades institucionales y técnicas para garantizar el diseño adecuado de los proyectos de inversión que se presentan a los Ocad. Sin embargo, corresponde al Gobierno nacional prever mecanismos de compensación que, desde el Presupuesto General de la Nación, garanticen la canalización de las inversiones mínimas anuales establecidas en el Plan Marco y ratificadas por el Documento Conpes 3932 de 2018.
