¿Cuál es el afán con la pensional?

Entre la indiferencia intensificada que produce una semana entre puentes, la Cámara de Representantes votará en cuarto y último debate la reforma pensional. Pese a las diversas advertencias sobre su insostenibilidad fiscal, su afectación a la libertad económica y sus potenciales daños a la transformación del ahorro en inversión, este proyecto de ley ha encontrado poca resistencia en el Congreso, inmune a todo argumento o evidencia. En un país donde lo público avanza a paso de tortuga, ¿por qué la reforma pensional está tramitándose a máxima velocidad?

Aunque muchos quieren creer que se debe a la búsqueda de la tan ansiada y siempre vaga “justicia social”, los motivos son siniestros. Sin tener en cuenta la probable relación del escándalo de la Ungrd, donde aparentemente más de un billón de pesos fueron malversados para financiar la corrupción (incluyendo la compra de votos de congresistas), existen razones poco comentadas que explican la rapidez en la aprobación de la reforma:

Primero, el Congreso no va a desaprovechar esta oportunidad histórica que tiene con el presidente Petro para crear rentas políticas, producto de la estatización. Con la hipertrofia del sistema de reparto, Colpensiones pasaría de administrar el ahorro de 30% de los afiliados actuales a 100%, dado que las AFP sólo manejarían el excedente del umbral de cotización. Financieramente, pasaría de recibir de 30% ($8,9 billones anuales) de los aportes obligatorios actuales a más de 80% ($24 billones anuales aproximadamente). Pasando a ser el eje del sistema pensional colombiano, la influencia de Colpensiones obligaría a crear más burocracia estatal, preciado botín para los acuerdos clientelistas entre el gobierno y los legisladores.

Segundo, la reforma pensional liberaría un porcentaje relevante de los $57.4 billones anuales del Presupuesto General de la Nación actualmente dedicados al pago de pensiones (de los cuales $25 billones son girados a Colpensiones). Teniendo en cuenta el fuerte incentivo de los políticos para gastar ya a fin de mantener su poder, es poco probable que esta reforma conduzca a ahorros futuros. Lejos de ello, es factible que los recursos liberados ya hayan sido comprometidos por debajo de la mesa.

Tercero, otro botín atractivo será el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo. En cualquier escenario, los políticos ganarían. Si lo termina administrando el Banco de la República, lograrían desenfocar los incentivos de la autoridad monetaria y volverlo un jugador político sometido al chantaje de los cotizantes (y sus “defensores”). Si lo termina administrando un Comité nombrado por el Presidente de la República, sobran los comentarios sobre qué podría llegar a pasar cuando haya políticos manejando el ahorro ajeno.

El Congreso, y los colombianos a través de su indiferencia o resignación, tienen afán de reducir su economía de mercado, perder la propiedad de sus aportes, destruir su derecho a elegir cómo manejar su ahorro y debilitar su mercado de capitales, para saciar su quijotesca búsqueda de “justicia social”. De ese afán sólo quedará el cansancio de un país más estatizado, más insostenible fiscalmente, con la necesidad de hacer una nueva reforma en pocos años, con nuevas generaciones condenadas a pagar la codicia de sus políticos y con un gran interrogante sobre si se podrán pensionar. Muchos celebrarán la “justicia social” sin entender nunca los daños que esta reforma le hará al país.