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Analistas 28/09/2022

La gran misión

Andrés Caro
Candidato a doctor en derecho por la Universidad de Yale
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El presidente lleva meses hablando de unas misiones para resolver problemas específicos de Colombia. Cita el trabajo de la economista Mariana Mazzucato, que habla de la necesidad de que los estados y sus líderes imaginen y lleven a cabo tales misiones para resolver problemas sociales importantes. Este pensamiento basado en misiones, explica Mazzucato, implica una respuesta a las políticas más neoliberales (esas que imaginaban, como Reagan, que el Estado es el problema y no la solución), y le da al Estado un rol importante como agente coordinador de intereses, como financiador y como configurador de mercados, que lo pone en el centro de –dice ella– un nuevo modo de pensar el capitalismo, en el que se privilegia el valor público (los beneficios reales para la gente), mucho más que la ganancia de los privados o la propiedad estatal de las empresas. Por lo tanto, propone una corrección tanto al neoliberalismo como a la socialdemocracia.

Para Mazzucato no es necesario que el Estado asuma roles tradicionales del sector privado, pero sí que asuma el rol central en la planeación y la realización de esos fines sociales, usando sus inmensos poderes para crear incentivos, alinear esfuerzos, y para comprar bienes y servicios. Lo de Mazzucato suena más original que lo que es. Los estados han emprendido misiones de este estilo no desde las misiones espaciales de los sesenta, sino desde siempre: las catedrales medievales o las empresas vastísimas de los viajes de descubrimiento son ejemplos de esto. Pensar en misiones, entonces, es pensar en un tipo formal de arreglo económico (no necesariamente virtuoso), en que el Estado vincula a los privados, creando mercados e incentivando ciertos patrones para alcanzar fines sociales que el Estado o sus líderes consideren deseables.

En Colombia también hemos tenido misiones de este estilo, y es curioso que el gobierno que esgrime el “pensamiento económico basado en misiones” esté creando el clima para acabar con la misión público-privada más exitosa de la historia reciente del país: el sistema de aseguramiento en salud.

El sistema puede pensarse como una misión en el sentido que Mazzucato y Petro le dan al término. Durante treinta años, el Estado ha conformado estos mercados, ha alineado los intereses y ha creado los incentivos para garantizar la realización de fines sociales importantísimos (la cobertura universal en salud y la lucha contra la pobreza multidimensional, por ejemplo), ha creado conocimiento de regulación, planeación e investigación dentro de sus instituciones (la superintendencia, el ministerio, las secretarías o el Instituto Nacional de Salud), y ha creado un modelo de financiación basado en la solidaridad, que distribuye los beneficios a la población, pero que concentra el riesgo en las empresas y, finalmente, en el Estado, creando la que acaso sea la política de redistribución más eficaz de Colombia.

El retorno de valor público de esta gran misión ha sido inmenso. La cobertura en salud ha pasado del 30% de la población, en 1995, al 99% en 2021. La salud, gracias a este modelo, es el servicio público con mayor cobertura en Colombia, por encima de la energía eléctrica y del gas natural. El 97% de los tratamientos están cubiertos por el sistema, lo que incluye medicamentos y hospitalizaciones para enfermedades catastróficas y crónicas. Es una red de prestación que atiende 800 millones de casos al año, y que cuenta con 63.000 prestadores (hospitales, laboratorios, consultorios) que mostraron su resiliencia durante la pandemia.

Este sistema de salud es un triunfo. Sin embargo, tiene grandes retos: aumentar el número de profesionales, mejorar los hospitales, extender la red de prestadores y de especialistas, y mejorar sus condiciones laborales, racionalizar los tratamientos para que la tutela no sea un instrumento normal, superar el déficit financiero, premiar el servicio de calidad, y prevenir y castigar la corrupción en las EPS y en las clínicas, en particular las públicas. El Estado y los privados tienen mucho que hacer.

Si los últimos treinta años fueron los del asombroso aumento de la cobertura, el propósito de los siguientes debe ser mejorar la calidad. Para que esto ocurra, debemos proteger esta gran misión.

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