MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
En Colombia, más de 1 millón de personas dependen de la minería y el sector aporta cerca de 30 % de las exportaciones. Sin embargo, la extracción ilícita de minerales ha detonado una crisis que va más allá de lo económico: destruye ecosistemas, alimenta economías ilegales y amenaza la seguridad nacional.
El oro, tercer producto de exportación, es el mejor ejemplo. Más de 90 % de la producción aurífera proviene de minería artesanal y de pequeña escala, y cerca de 85 % del oro que se exporta tiene origen ilegal, sin permisos mineros ni ambientales, según reporte de la Procuraduría General de la Nación. 70 % de esa producción está controlada por grupos armados que la usan para financiar sus actividades criminales.
La magnitud es alarmante: cada año se producen unas 45 toneladas de oro ilegal, valoradas en más de $21 billones, casi lo mismo que la reforma tributaria propuesta por el gobierno nacional. Pese a ello, entre 2022 y julio de 2025 solo se incautaron 193 kg de oro, 76 % menos que en el período 2018-2021, lo que evidencia un preocupante vacío de control estatal.
La minería ilegal no paga impuestos, regalías ni seguridad social; no invierte en las comunidades, pero sí deja pasivos ambientales y contamina con mercurio. 88 % de la extracción ilegal ocurre en áreas protegidas, y en 44 % de los territorios mineros hay cultivos de coca. El resultado: ecosistemas devastados, más de 54.000 ha degradadas en los últimos años y comunidades atrapadas en un ciclo de pobreza y violencia, bajo el dominio de actores armados.
Frente a esta realidad, se requiere una solución integral. La política de Seguridad y Defensa debe priorizar este problema y las regulaciones mineras y ambientales necesitan actualizarse para responder a la complejidad del fenómeno. Incluir la seguridad como factor de desarrollo económico y protección de los recursos naturales es urgente.
No se trata de frenar la minería, sino de integrarla a un modelo que promueva legalidad, energías sostenibles y recuperación de territorios. Si el Estado no actúa con decisión, seguirá cediendo el control de vastas regiones a la ilegalidad, hipotecando el futuro del país.
Las ganancias del Banco de la República no son un impuesto ni un ingreso fijo. Dependen de lo que pase con las tasas en EE.UU. y Europa
El dinero es un bien como cualquier otro. Si su cantidad crece más rápido que lo que se puede comprar con él, cada unidad vale menos. No es una opinión, es la inflación. Y si cada peso vale menos, el que tenía pesos guardados pierde
La primera medida para despejar este panorama es darle al GLP el lugar estratégico que le corresponde en la transición energética como combustible prioritario por su confiabilidad, competitividad y capacidad de respuesta
