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La procesión que va por dentro

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El ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla se estrenó con este anuncio: “no nos cabe duda de que el recaudo total debe ser más alto de lo que es en la actualidad…y nuestra estructura tributaria actual genera unos recursos inferiores a los que se necesitamos”. A renglón seguido aseveró que “necesitamos darle alivio a la excesiva carga tributaria que tienen las empresas en Colombia”. ¿Cómo descifrar este galimatías, que más parece el intento de la cuadratura del circulo, dándole alivio tributario a las empresas si se sabe que el recaudo de impuestos no genera los recursos requeridos?

Consistente con la promesa de campaña del presidente Iván Duque, el ministro Carrasquilla arguye que “tenemos una estructura tributaria que castiga severamente la competitividad, la formalidad, el empleo y el emprendimiento y, por lo tanto, el crecimiento a mediano plazo de la economía. Tenemos que arreglar ese problema”. La fórmula para “arreglar ese problema” ya la había anticipado el presidente Duque en campaña, cuando afirmó que “las empresas están asfixiadas con tanta carga tributaria… debemos bajar impuestos para que puedan generar más y mejor empleo”.

Cabe preguntarse qué tan asfixiadas están las empresas “con tanta carga tributaria”. Recordemos que en los últimos 26 años se han aprobado 14 reformas tributarias y la constante en todas ellas ha sido aliviarle la carga impositiva a las empresas. Además, reforma tras reforma, se ha venido reduciendo la tasa impositiva sobre la renta de las empresas, desde 43% a 34% en 2017 y 33% en 2018, como lo dispuso la más reciente reforma. Y ahora se propone bajarla aún más, hasta 30% a partir de 2021.

Pero, hasta aquí estamos hablando de la tarifa nominal, de la cual hay que descontar las exclusiones, deducciones, exenciones y descuentos tributarios, las cuales, según la Dian le abren un boquete al fisco nacional del orden de los $60 billones anuales, de los cuales $13 billones corresponden a impuesto de renta. Con razón, después tantas reformas tributarias, el recaudo apenas sí pasó de 4,1% del PIB en 2000 a 5,3% en 2016, como también que el recaudo de impuestos en Colombia a duras penas llega a 19,8% como proporción del PIB, muy por debajo del promedio de los países que hacen parte de la Ocde (34,3%) y de Latinoamérica (22,7%).

No es de extrañar, entonces, el hallazgo de Fedesarrollo según el cual dicha tasa efectiva es de 29,5% y el de los economistas del banco de la República Martha Delgado Rojas y Hernán Rincón Castro, para quienes la tasa efectiva neta sobre capital es de 21,4%. En uno y otro caso se equiparan con lo que pagan en promedio las empresas en los países que hacen parte de la Ocde, 25%. Es una falacia, entonces, comparar la tarifa de impuesto a la renta que pagan las empresas en los demás países con los que compite Colombia con su tarifa nominal, que se ha llegado a tasar en 69,9% (¡!) al sumar otras contribuciones distintas a las de renta y no con la tarifa efectiva, que es la que en realidad pagan.

Por ello preocupa sobremanera que en el tal proyecto de ley de financiamiento no solo se descarta de plano la posibilidad de revisar y hacer más selectivos estos beneficios tributarios, sino que se propone ampliarlos aún más, sin importar ni evaluar su gran impacto fiscal. En efecto, entre los nuevos beneficios para las empresas se cuentan los siguientes: deducción del IVA que se pague por la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos, disminución gradual de la tarifa de renta presuntiva de 3,5% actual a 3% en 2019, 1,5% en 2020 y 0% en 2021. Además, el descuento de 50% del cobro del Impuesto de Industria y Comercio contra el impuesto de renta a partir de 2020 y un descuento similar del gravamen a los movimientos financieros (GMF, 4 X 1.000) contra el impuesto de renta a partir de 2019, amén de la exención del pago de impuesto de renta a la inversión en el sector agrícola por 10 años y para la inversión en la denominada economía naranja por cinco años. Se estima que de aprobarse estos beneficios, sumados a la reducción del impuesto de renta, tendrían un costo de $10 billones (¡!), solo por la deducción del IVA se dejarían de recaudar 0,8% del PIB.

Como si lo anterior fuera poco, se propone extender los beneficios a las llamadas “megainversiones”, consideradas como aquellas que generen al menos 50 empleos directos y realicen nuevas inversiones de mínimo $1,7 billones en un período máximo de cinco años. Entre estos beneficios se cuentan la tasa de impuestos sobre la renta de 27%, la depreciación acelerada de los activos, se les excluye del impuesto sobre la renta presuntiva y se blindan frente a la posibilidad de que los dividendos lleguen a ser gravados, como también con respecto al impuesto sobre el patrimonio. Bien dijo Einstein que “locura es hacer lo mismo una y otra vez… y esperar resultados diferentes”.

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