Hidroicuando: de la contingencia a la incertidumbre

Una vez más ha saltado a la palestra Hidroituango, proyecto este de vital importancia para todo el país, el cual está enfrentando en este momento sus mayores dificultades, en medio de una trifulca y un pulso político que ha trascendido a los estrados judiciales, y está mediado por un fallo con responsabilidad fiscal proferido por la Contraloría General de la República.

Este megaproyecto de generación de electricidad es considerado como el de mayor envergadura del país, ya que el mismo contempla ocho unidades con una capacidad de 300 MW cada una de ellas, cuya central de generación estará en capacidad de satisfacer el 17% de la demanda nacional. De él depende la confiabilidad y firmeza de un servicio tan esencial como es el de la electricidad para los 13.8 millones de usuarios, entre regulados y no regulados, que cuentan con el mismo.

Nadie esperaba que, cuando el avance del proyecto había alcanzado el 81%, se presentara una contingencia en la ejecución de la obra de enormes proporciones en mayo de 2018, la cual estuvo a punto de su siniestro y cuya causa - la raíz - se le ha atribuido al colapso de la Galería auxiliar de desviación (GAD). Este, cabe decirlo, no contaba con la Licencia Ambiental, lo que llevó a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) a suspenderle la Licencia que había expedido para la ejecución del proyecto.

Así las cosas, pese a los esfuerzos del Gobierno para garantizar el cubrimiento de la demanda y de EPM, al acordar con los cuestionados contratistas que continuaran la obra, con miras a asegurar que las primeras cuatro unidades entrarán en operación este año y no cumplirse con dicho cronograma, el sistema eléctrico del país en su conjunto ha sido sometido a un estrés que ha puesto en riesgo su estabilidad y confiabilidad.

Se podrá decir que no hay motivos de preocupación por un posible racionamiento porque el nivel del agregado de los embalses en este momento está al tope, rozando el 85%, pero ello es efímero, puesto que es consabido que el fenómeno de la Niña actual, con su alta pluviosidad, es pasajero y el mismo siempre, siempre, va seguido del Niño y la consiguiente sequía. Y de contera, excepción hecho de El Peñol, que es el único embalse con capacidad de regulación multianual, el resto no supera los seis meses.

No se puede, entonces, jugar a la ruleta rusa, como es la aleatoriedad propia de la meteorología debido a la variabilidad climática. El ministro de Minas y Energía Diego Mesa ha sido enfático en advertir que “de no contar con esa energía puede poner una presión al alza en el costo de la energía eléctrica”.

Por todo lo anterior, el solo anuncio por parte del Alcalde de Medellín y del Gerente de EPM de que están contemplando un plan B que consistiría en cambiar al consorcio constructor, ha encendido todas las alarmas. Porque, así afirme el alcalde Quintero que si se cambia de montura en la mitad del río, “en principio el retraso era de 16 meses, si los contratistas salían, hoy lo calculamos en cutro meses y estamos trabajando para llevarlo a cero”, ello está por verse. Contra todos los pronósticos, su administración y la de EPM estiman que “en junio del próximo año, si no hay retrasos (SIC!), entraríamos en operación”.

Pero a contrario sensu de lo que piensa con el deseo el Alcalde, en una declaración de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros (SAI) se sostiene que el cambio de ejecutores significaría, mínimo, añadirle un año más a la lista de espera. La firma auditora independiente Deloitte, “considera que, en caso que exista un cambio en el constructor de obras civiles no sería posible cumplir con el cronograma”.

La situación se torna más compleja si tenemos en cuenta que sigue en firme la Resolución 820 de 2018 de la ANLA, mediante la cual la autoridad ambiental tomó la decisión, como medida preventiva, de suspender la Licencia ambiental al proyecto y con ella se le puso un freno de mano a las “actividades constructivas”, permitiendo solo la ejecución de obras o desarrollos relacionados con trabajos que tengan por finalidad “superar la contingencia”. A través de dicho acto administrativo la ANLA le requirió a EPM presentarle un dictamen pericial, que la empresa contrató con la firma POYRY, el cual hasta la fecha no ha sido presentado.

Ante esta encrucijada y la gravedad de la situación planteada, el presidente de la República, Iván Duque, convocó una cumbre en la Casa de Nariño. Al término de la misma el Presidente se desmarcó de la posición del alcalde Quintero, quien se limitó a decir “que los responsables paguen”. Por su parte el presidente Duque afirmó sin ambages, en una abierta contradicción con el Alcalde, “aquí lo que ocurrió fue un siniestro y lo que tiene que operar es que las aseguradoras cumplan con el pago de las pólizas”.

Y con respecto al cambio de contratistas y un eventual aplazamiento de la entrada en operación de las dos primeras unidades en junio del año entrante y las otras dos en noviembre del mismo año, como lo planteó el Gerente de EPM, a consecuencia de ello, manifestó: “aquí no podemos estar improvisando como país. Poner en riesgo la ejecución del proyecto, así sea un solo día, puede tener repercusiones graves para el país”. Y subrayó, “aquí no podemos estar jugando a la incertidumbre”.

Huelga decir que el no cumplimiento del nuevo cronograma para la entrada de Hidroituango para que empiecen a generar energía las primeras unidades, no solo seguirá afectando el precio y las tarifas de energía en todo el país, sino que compromete seriamente la operatividad de los parques eólicos y las granjas solares-fotovoltaicas que se están instalando, dado que así como las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) están llamadas a servir de respaldo al parque de generación convencional (hídricas y térmicas), igualmente este habrá de servir de respaldo a aquellas.