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Como es consabido, Colombia lleva muchos años arrastrando con los déficits gemelos (déficit fiscal y déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos), los cuales se mantuvieron aún en medio del largo ciclo de precios altos de los commodities (2003 – 2011), a contrario sensu de lo acaecido en el resto de países de la región.
Ello se explica en gran medida porque el recaudo impositivo en Colombia se estancó hace rato y oscila alrededor del 15% del PIB, mientras que, según la Cepal, el promedio en Latinoamérica está en el 22.8% y el promedio en la Ocde, club de buenas prácticas al que ingresó Colombia recientemente, es del 34.2%. Se aspira y espera que con la entrada en vigencia de la reforma tributaria que acaba de aprobar el Congreso de la República se supere ese umbral.
En contraste el nivel del gasto público fluctúa en torno del 19%, de manera que se presenta de manera recurrente un descalce entre ingresos y gastos de 4 puntos porcentuales del PIB. La única manera balancearlos es incrementando los ingresos corrientes de la Nación (ICN) y/o reduciendo el gasto. Pero, en virtud de la ley de wagner, el gasto público tiende a crecer inercialmente como porcentaje del PIB en todos los países y Colombia no es la excepción. El gasto público en Colombia, según la Comisión del gasto integrada por el gobierno en 2017, está indexado de un año a otro a ritmos del 4% real anual. De modo que no queda otra alternativa que arbitrar mayores recursos vía impuestos, a riesgo de seguir abultando la ya de por sí elevada deuda pública. Esta es una de las conclusiones de dicha Comisión: “el esquema tributario colombiano actual es insuficiente en materia de recaudo”.
El déficit fiscal de la nación es estructural y desde que el Ministro de hacienda Alberto Carrasquilla asumió dicha cartera, en lugar de corregirlo se propuso mimetizarlo, recurriendo a prácticas poco ortodoxas. Y sí, se dedicó a pagar deuda con deuda, emitiendo TES a tutiplén. Se están “utilizando formas de contabilización heterodoxas, que pueden poner en cuestión la tradicional seriedad de Colombia en el manejo de sus cifras fiscales…el recurso a la contabilidad creativa generan incertidumbre y desconfianza y pueden conducir a rebajas en la calificación de riesgo del país”, manifestó contrariado Guillermo Perry Rubio, entonces miembro del Comité consultivo para la Regla fiscal . Sus palabras fueron premonitorias, pues a poco andar, efectivamente, Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana.
En qué consiste la “contabilización creativa” que denunció Perry, en la práctica del ex ministro Alberto Carrasquilla de “recontratar” la deuda pública, pagando deuda con deuda, mediante la emisión de TES y de este modo hacer pasar el gasto público por financiamiento para hurtarle el cuerpo a la regla fiscal. Otro integrante de dicho Comité, el profesor Marc Hofstetter, sostuvo que “pagar gasto con TES sin contabilizarlo como gasto y, por tanto, sin que afecte el déficit es nuevo. hacerlo vuelve inocua la regla fiscal”. Se colige de lo anterior que las cifras oficiales no han sido confiables y lo corrobora el propio órgano de control fiscal.
No es de extrañar, entonces, el pronunciamiento de la Contraloría General de la República luego de auditar las cuentas de la Nación al corte de diciembre 31 de 2021 que “evidenció incorrecciones que sumaron $49,30 billones, 14,3% del presupuesto definitivo” y “emite una opinión no razonable para la vigencia 2021”. Lo que sí es de extrañar es que el mismo haya pasado por desapercibido a pesar de su gravedad que, en otras circunstancias, daría pie para un severo juicio sobre el manejo de las finanzas públicas por parte del ejecutivo por parte del nuevo Congreso de la República, embebido como está en la tramitación de un cúmulo de proyectos y debates de control político, al cual ha escapado este control fiscal.
En su Informe al Congreso de la República “La CGR destaca, además, que “al comparar con diciembre de 2020 la deuda total del Gobierno Nacional Central (GNC) aumentó en $112,42 billones (18,8%). El nivel de deuda pública del GNC, según la Contraloría “alcanzó un nivel histórico en 2021”, por lo que en su concepto “es necesario evaluar las condiciones para su sostenibilidad en el mediano plazo”. Dicho de otra manera, la Nación quedó endeudada hasta el cogote.
Y hablando del déficit fiscal, según la Contraloría General el gobierno nacional registró para 2021 un balance fiscal deficitario de - $83,69 billones, equivalente a 7,11% del PIB. Claro está que si se añade el déficit del Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles (FEPC), que supera los 3 puntos porcentuales del PIB, dicho déficit bordeaba el - 12% del PIB, lo cual es una monstruosidad. Este año el descuadre del FEPC es mucho mayor, según la proyección del Ministerio de Hacienda su déficit estará alrededor de los $38 billones, más de 3 puntos porcentuales del PIB. De modo que el déficit fiscal proyectado para este año por parte del ex ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, de - 5.6%, se queda corto al momento de sincerar las cifras, mientras el déficit en cuenta corriente de la Balanza de pagos se amplió en el tercer trimestre de este año hasta alcanzar el - 7.2% (¡!).
Recordemos que Colombia perdió la calificación inversionista de su deuda soberana, a consecuencia de su desbarajuste fiscal. Las consecuencias están a la vista. El endeudamiento se ha tornado más costoso, tanto por el aumento de las tasas de interés como por los mayores riesgos que tiene Colombia debido a la pérdida del “grado de inversión”, amén de la escalada devaluacionista que acusa el peso colombiano frente al dólar. En 2020, la tasa para un bono colombiano de diez años era de 3.5%, hoy es del 7%, el doble (¡!). Ello explica el pesado fardo que significa el servicio de la deuda de la Nación, la cual acapara casi el 25% del Presupuesto, por encima del rubro de inversiones (¡!).
