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Hace pocos días, le escuché afirmar a un exdirector del Departamento Nacional de Planeación, que las ciudades capitales deberían sustraerse de participar en el delta de recursos adicionales que recibirán departamentos y municipios a partir del 2027, en virtud del nuevo acto legislativo aprobado en diciembre de 2024 que transforma el Sistema General de Participaciones en Colombia, SGP.
La tesis del exdirector de Planeación responde a raciocinios que merecen consideración académica los cuales asumen el reconocimiento de brechas sociales, territoriales, económicas e institucionales necesarias de superar con el nuevo SGP.
Estas tesis pueden terminar materializándose en la nueva ley de competencias que empieza a discutirse en el país.
Es evidente que de prosperar las tesis del exdirector del DNP, se configuraría una exclusión de esos centros urbanos que son las ciudades capitales, receptores naturales de grupos humanos que no encuentran oportunidades de educación, salud, trabajo en municipios pequeños y en escenarios rurales y se llevan esas demandas a esos centros urbanos.
En y alrededor de las ciudades capitales de Colombia, se concentra un porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas no menor a 60%; realidad de carácter social que por sí sola, legitima que las ciudades capitales reivindiquen participación de los recursos futuros asociados al nuevo SGP en Colombia.
La tesis del exdirector del DNP puede resultar funcional, desde un punto de vista de oportunidad coyuntural, para intereses propios de gobiernos departamentales, ciudades intermedias y de municipios más pequeños del país.
De manera legítima y picando en punta, la Federación de Departamentos presentó un conjunto de ejes y criterios que definan la futura ley de competencias; hasta un borrador de articulado ha puesto a consideración del Gobierno Nacional y otros actores concernidos en el tema. Otro tanto deben estar haciendo la Federación de Municipios y Asointermedias.
El Gobierno Nacional aún no ha generado los espacios de concertación de la futura ley de competencias, ni se conoce borrador oficial de ningún articulado para iniciar el diálogo. Ojalá, el gobierno central no termine abocando este tema a las volandas, obviando necesarias concertaciones con diversos niveles de entidades territoriales en Colombia.
La Asociación de Ciudades Capitales, Asocapitales, entidad llamada a la velar por los intereses de estas entidades territoriales en el marco de la discusión de la nueva ley de competencias, ha tenido que asumir esta circunstancia sobreviniente en medio de cambios en su dirección ejecutiva y reestructuración organizacional, que sus directivas han considerado conducente hacer, antes de nombrar en propiedad la futura dirección ejecutiva.
Seguramente el Consejo Directivo de Asocapitales, y el equipo técnico de esa entidad, están tomado acciones procedentes para no sustraerse del tema, y menos, dejarse excluir del mismo, velando por los intereses de todos sus asociados.
Para los procesos de Asocapitales viene bien que la ley de competencias no se expida de manera precipitada y que, por el contrario, se surta un proceso de concertación edificante para todas las entidades territoriales del país.
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