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Clientelismo, narcotráfico, violencia y corrupción no son fenómenos que hayan aparecido en Colombia de tres años para acá.
El presidencialismo altisonante ante el congreso y la justicia tampoco es fenómeno nuevo; es una tendencia perniciosa de nuestro régimen político y ha tenido manifestaciones desde antes de 1991. Basta recordar figuras como el estado de sitio, la emergencia económica y el centralismo administrativo, fiscal y político; esas realidades institucionales plasmadas en la constitución del 86, alimentaban el halo omnipotente de la Presidencia de la República. Hoy, el actual gobierno nacional, parece echarlas de menos.
La Constitución de 1991 buscó morigerar el poder presidencial; acabó con la figura del estado de sitio, matizó las emergencias económicas y apostó por un país descentralizado, con autonomía fiscal, administrativa y política para municipios y departamentos.
La Carta del 91 estableció que la democracia colombiana tuviese dos corredores procedimentales convergentes: la democracia representativa y la democracia participativa.
A 34 años de ser promulgada, su desarrollo institucional no ha sido pleno; incluso, algunas de sus apuestas, han sido frenadas o reversadas; sirve de ejemplo la descentralización.
El Presidencialismo no desapareció, la iniciativa legislativa y constitucional se ha concentrado en el poder ejecutivo y el poder legislativo resignó su liderazgo en esa materia; por su parte, el poder judicial ha mostrado una dañina vocación coadministradora. Hoy, hay un traslape de funciones entre las diversas ramas del poder público que genera confusión institucional.
Lo anterior, hay que reiterarlo, no ha pasado en los últimos tres años; es un acumulado de fenómenos complejos.
Lo que sí ha pasado en los últimos tres años, es que una especie de pundonor institucional de respeto al ordenamiento constitucional y legal que existía, ha desaparecido a velocidades alarmantes en medio de populismo, posverdades, polarizaciones, relajamiento ético, ramplonería estética en la comunicación social y política y una galopante ridiculización y banalización del quehacer político.
Si antes, el Estado y gobiernos de turno, con todo y dificultades y algunas inconsistencias, buscaban con algo de pundonor enfrentar fenómenos de narcotráfico, corrupción, violencia y el clientelismo, en estos últimos tres años, las actitudes de las autoridades estatales del orden nacional, frente a esas crudas realidades, son de claudicación, normalización, cinismo y connivencia.
Por estos días es patético el interés del populismo por capturar los instrumentos de la democracia participativa al tiempo que el clientelismo y su corolario, la corrupción, hacen de las suyas en los escenarios de la democracia representativa.
A diversas conflictividades que vive Colombia, algunos sectores buscan agregar la falsa confrontación entre participación y representación democrática, entre poder constituyente y poderes constituidos.
La relación del Gobierno Nacional con entidades territoriales ya no es de concurrencia, solidaridad y subsidiaridad; solo se escuchan vetos del gobierno central a las autoridades locales.
Nuestra democracia está extorsionada, capturada, secuestrada, acechada y socavada. Liberar la democracia colombiana es un imperativo histórico.
En la vida personal ocurre lo mismo. Permanecer donde no se quiere estar, sostener lo que ya no tiene sentido o evitar decisiones por miedo a lo desconocido no es estabilidad
El futuro otorga a todas las empresas un crédito en el presente: un margen de tiempo para adaptarse, innovar y redefinir su modelo de negocio. La forma en que las organizaciones lo utilicen determinará el tamaño de la deuda que deberán pagar más adelante
En Colombia, el desafío es anticiparse con una regulación inteligente que no frene el turismo, sino que ordene sus impactos, diferencie usos y proteja la oferta residencial
