Incoherencia de la dosis mínima

Ante la reciente controversia que surgió en estos días en los medios de comunicación y redes sociales por el decreto propuesto por el presidente Iván Duque, que busca controlar la circulación y consumo de drogas en espacios públicos, no me resistí a dejar de dar mi opinión, pues creo que faltaron algunos elementos relevantes para analizar esa decisión.

En primer lugar, nos encontramos ante una aparente esquizofrenia legal. Por una parte, perseguimos decididamente la producción y tráfico de drogas, mientras que, por otro lado, permitimos el consumo de esas mismas sustancias en las calles de nuestras ciudades. Esta contradicción normativa genera impactos negativos que no han sido previstos por el legislador pero que alteran profundamente el mercado de esas sustancias, pues cambia las condiciones de la ley de la oferta y la demanda.

Me explico: del lado de la oferta, la producción y el tráfico de drogas se siguen considerando como crímenes graves que causan importantes daños a la sociedad y a los consumidores y, por lo tanto, son perseguidos con toda la fuerza de la ley. Mientras que del lado de la demanda, desarrollamos con la Sentencia de la Corte Constitucional un enfoque más tolerante con el consumo y la posesión de pequeñas cantidades de drogas ilícitas para el consumo personal.

Al despenalizar la dosis mínima a la vez que continua la prohibición de la producción y tráfico de drogas, lo único que se consigue es mantener alto el precio de esos productos, beneficiando a los narcotraficantes que se encuentran con un entorno inmejorable para el desarrollo de su “negocio” porque la prohibición es una barrera para la llegada de nuevos competidores y al mismo tiempo mantiene elevado el precio de las drogas; mientras que la despenalización de la dosis mínima alienta a sus potenciales consumidores a seguir comprando.

Esta despenalización del consumo evidencia que el problema se está enfrentando como un asunto de salud pública y, por tanto, ya no es coherente tratar el consumo de drogas como si fuera un delito criminal... Precisamente, por este motivo, ha sido tan criticada la reciente propuesta de la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, que consiste en no penalizar a los consumidores o portadores, pero sí decomisar o incautar las sustancias ilícitas si no llevan consigo una certificación médica que acredite su condición de adicto.

Sin embargo, todo parece indicar que para resolver el problema de las drogas es necesario coordinar la legislación existente con las ley de la oferta y de la demanda, ya sea porque toleramos el consumo y la producción o porque prohibimos ambos. Combinar la severidad con la oferta y la indulgencia con el consumo siempre será una mala decisión.

El vigente régimen internacional de Naciones Unidas busca la eliminación total de las drogas. Alternativamente, podría plantearse minimizar el problema de las drogas por medio de la regulación de esas sustancias claramente perjudiciales, es decir, fomentando las campañas de prevención de su consumo pero renunciando a una sociedad sin drogas que cada vez más se percibe como utópica.

La política en todo caso podría minimizar los perjuicios causados por las drogas e influir sobre cuáles serían los problemas derivados de esa política, pero no puede conseguir que una sociedad esté completamente libre de los problemas relacionados con las drogas.