Más columnas de este autor Alejandro Carlos Chacón Camargo

No es exagerado decir que si buscamos en el pasado una calamidad mundial comparable a la presente, tendríamos que pensar en la Segunda Guerra Mundial, como lo sugirió la Canciller de Alemania. Colombia tiene claro que debe estar preparada para una situación sin precedentes, cuya superación exige medidas más duras que las que hemos tomado nunca antes. Al fin y al cabo, de las grandes crisis deben salir las grandes transformaciones.

El confinamiento, que según la reciente experiencia de los chinos es el método más efectivo para contener al virus es inaplicable en nuestro país, a menos que seamos radicales en las estrategias y que estemos resueltos a reformas sociales de fondo. La única manera que tenemos para implementarlo con éxito es aprovechando esta situación de crisis para hacer una profunda reforma del gasto público social, que desde hace años sabemos que es ineficiente. Es la oportunidad de reformarlo.

Mi propuesta desde hace más de un año es la implementación de la Renta Vida, que es el nombre de la Renta Básica Universal para Colombia.

La situación excepcional que vivimos hace necesario que la Renta Vida opere inicialmente como una Renta Vida de Confinamiento, la única manera en que el Gobierno y la sociedad colombiana pueden tener éxito en la batalla contra el coronavirus.

¿Cómo lograr que una economía como la nuestra, con altísimos niveles de informalidad y con tantos compatriotas que se ganan la vida día a día, pueda soportar un confinamiento que podría ser muy largo? Solo con medidas de excepción que regulen el crédito, los arrendamientos y el pago de servicios públicos. Un pequeño país como El Salvador con recursos muy inferiores a los nuestros está dando ejemplo de cómo pueden ser estas medidas. Pero además es indispensable una Renta Vida de Confinamiento que sería el preludio de la Renta Vida.

Tenemos un poco más de 31 millones de colombianos identificados en niveles 1 y 2 del Sisbén. Cada uno de ellos se agrupa en familias de cuatro integrantes en promedio, por lo que son cerca de 8 millones de familias, sobre las cuales hay bases de datos. Estas familias están bancarizadas en su gran mayoría, y las que no lo estén es el momento para incorporarlas al sistema, para girarles $220.000 cada mes, equivalentes al umbral mensual de pobreza per/cápita establecido por el Banco Mundial. Serían $1,7 billones al mes, durante al menos dos meses.

Contando con las bases de datos del Sisbén y de otros programas de asistencia social y contando con el sistema financiero, la Renta Vida de Confinamiento podría llegar a todas las familias que la necesitan, y a donde los mercados nunca llegarían por las dificultades logísticas que implica entregarlos en todo el país. Es un esfuerzo que el país debe hacer y en medio de esta emergencia no debe haber argumentos fiscalistas que se interpongan.

Una vez cese la pandemia el país debe plantearse el escalonamiento de la Renta Vida hasta hacerla universal. Para esto podemos servirnos de la experiencia de México y Argentina, que han consolidado sistemas de pensión universal para adultos mayores.

Veamos algunos ejemplos de la inequidad del gasto social en nuestro país y más adelante veremos cómo la Renta Vida podría ayudar a corregirlos:

Según datos del DNP de 2017, 7,3 millones de personas que se ubican en el quintil más alto de la tabla de distribución de ingresos reciben casi la misma cantidad de dinero en subsidios que el quintil más bajo. En Colombia pasan cosas como que $41 billones destinados a pago de pensiones en el Presupuesto de la Nación, van a parar mayoritariamente al quintil de ingresos más altos, que recibe 50,8% de las pensiones mientras que el quintil más bajo recibe apenas 4,3%. La fuente es el DNP, que en 2017 elaboró un detallado informe sobre gasto público social, que en términos generales conserva su vigencia, y cuya triste conclusión es que el sistema de asignación de gasto público social en Colombia es inoperante porque no redistribuye nada. La distribución del gasto acaba siendo igual para cada quintil que agrupa 20% de la población: 22,4% recibe en gasto social el primer quintil, 19,9% el segundo, el tercero y el cuarto 18,8% cada uno, y 20,2% el quinto. El resultado obvio es que en Colombia el índice de Gini es el mismo antes y después de la entrega de subsidios, pasando de 0,53 a 0,52, cuando en Reino Unido la variación es 0,56 a 0,32. En otras palabras, nuestro sistema saca plata de un bolsillo para pasarlo al otro, y gasta decenas de billones en esa intermediación inútil.

Para empeorar las cosas, los pobres ubicados en los dos primeros quintiles, a través de impuestos indirectos como el IVA, tributan más que proporcionalmente con relación a sus ingresos que los quintiles altos, y reciben globalmente la misma cantidad de subsidios que los demás quintiles.

Tenemos que transformar este sistema absurdo de gasto social. Queremos mayor progresividad en el gasto. Queremos más equidad, y sobre todo queremos erradicar la pobreza. Por eso queremos Renta Vida, que es el nombre de mi propuesta de Renta Básica Universal para Colombia.

Pensemos en que todos los colombianos reciban, de manera universal, una suma idéntica al umbral internacional de la pobreza del Banco Mundial, que es US$1,9 diarios: $220.000 mensuales para cada ciudadano.

Todos recibiríamos exactamente los mismos $220.000. Como la Renta Vida sería una renta gravable, se garantizaría que la reintegraran al fisco los declarantes de renta y también los que ya reciben pensión. En cambio, se quedaría en manos de los más pobres y parte de la clase media.

La implementación de la Renta Vida sería el punto de partida de la reorganización del gasto social colombiano. No reemplazaría el esfuerzo por universalizar la cobertura en salud y educación en todos los niveles, sino que sería su complemento. La Renta Vida eliminaría subsidios mal focalizados por el clientelismo, pero no afectaría ayudas en especie a la primera infancia, como los PAE y programas del Icbf.

Razones fiscales obligan a que la Renta Vida no pueda ser universal en su inicio, pero puede escalarse de varias formas hasta tener cobertura plena.

Por ejemplo, si tomamos Chocó, La Guajira y Caquetá, tres de los departamentos más pobres, e iniciamos en ellos la Renta Vida, nos costaría anualmente $3,3 billones. Si atendemos a toda la población adulta de los departamentos más pobres, los que se encuentran por debajo del promedio nacional de pobreza de 29,9%, la Renta Vida costaría cerca de $31 billones anuales, menos los reintegros a través de los ya pensionados y/o declarantes de renta. Mediante planes quinquenales podrían agregarse nuevos departamentos. Para otorgar Renta Vida a todas las mujeres colombianas adultas, se necesitarían $46 billones menos los reintegros de los ya pensionados y los declarantes de renta.

Muchos dirán que el dinero no alcanza para financiarla. Eso es falso. Sí hay recursos, que hoy están mal focalizados. Se necesitaría un moderado esfuerzo tributario progresivo. Mientras en 2014 el recaudo tributario en Colombia era 20,3% del PIB, la tasa latinoamericana era 21,7% y en los países Ocde 34,4%. En el 2017 el PIB fue de $714 billones, y el recaudo de $142 billones, lo que corresponde a 20%. Si lo aumentamos solo 5%, se elevaría a $178 billones, $36 billones adicionales, y todavía estaríamos lejos del promedio Ocde. Esto, junto con la eliminación de programas y entidades que gastan impuestos de manera ineficiente y clientelista, más los reintegros al fisco que ya señalamos, nos bastaría para tener en Colombia la Renta Vida.

Premios Nobel de economía como Milton Friedman, James Tobin, Herbert Simon y Robert Solow han defendido ideas semejantes a la Renta Vida, porque han considerado que los aportes monetarios universales, equivalentes y no condicionados son preferibles a subsidios ineficientes que a veces resultan regresivos como pasa en Colombia. Esta crisis puede convertirse en una oportunidad para crear la Renta Vida de Confinamiento y a partir de ahí adelantar una transformación del gasto social que contribuya a erradicar la pobreza y la desigualdad.