Analistas

Participación ciudadana

Por estos días han sido conocidas las declaraciones del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, respecto del mal uso que se hace en el país de las consultas previas y cómo, por esta razón, hay proyectos de interés nacional parados sin saber cuál será su futuro.

En palabras del vicepresidente, esto contribuyó a la postración del sector minero-energético. Debe entenderse por supuesto que nuestro vicepresidente se refiere en su crítica, a la manipulación indebida de las comunidades por parte de terceros,  con intereses “de carácter político, personal o extorsivo” y no al ejercicio legítimo de un derecho consagrado en la Constitución, y así lo hemos entendido todos.

Válida es la preocupación del Vargas Lleras dado que aún cuando nuestra democracia ha sido definida como participativa, nunca el constituyente consideró o se imaginó que pudieren darse casos de abuso o mala utilización de unos derechos que son tan importantes y valiosos para una democracia moderna. La posibilidad de que los ciudadanos puedan dar a conocer sus propuestas, presionar para que sean adoptadas; de opinar sobre asuntos públicos que son de su interés; exigir además el cumplimiento estricto de las normas; poder vigilar la conducta de sus dirigentes al tomar decisiones que afectan a todos, tiene un valor incalculable. Lo anterior, adicionado con la posibilidad de sancionar a gobernantes que actúan en forma equivocada, con la revocatoria de su mandato. Además, de los derechos especiales de comunidades étnicas, a participar en decisiones. La honorable Corte Constitucional en sentencia C-180 de 1994 ha explicado que “el principio de participación  democrática expresa no sólo un sistema de toma de decisiones, sino un modelo de comportamiento social y político, fundamentado en los principios del pluralismo, la tolerancia, la protección de los derechos y libertades así como en una gran responsabilidad de los ciudadanos en la definición del destino colectivo.” Esto último es lo que genera gran preocupación por estos días: la responsabilidad de los ciudadanos en el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana.

Tal responsabilidad debe a mi juicio, enseñarse. Nos falta ahondar la instrucción de nuestros ciudadanos en lo que significa y supone la participación como un deber ciudadano. Existe gran conocimiento respecto de los derechos individuales y colectivos, pero hemos pecado en adelantar igual tarea de difundir los deberes que tenemos como colombianos, de participar en forma responsable.

Volviendo a la Corte, en su sentencia  dice que ”la participación ciudadana en escenarios distintos del electoral  alimenta la preocupación y el interés de la ciudadanía por los problemas colectivos; contribuye a la formación de unos ciudadanos capaces de interesarse de manera sostenida en los procesos gubernamentales y, adicionalmente, hace más viable la realización del ideal de que cada ciudadano tenga iguales oportunidades para lograr el desarrollo personal al cual aspira y tiene derecho.” Sin embargo, esto no se logra cuando detrás de los procesos de participación, se ocultan intereses mezquinos o que no correspondan a los fines señalados para la activación de tales mecanismos.

Lo anterior, entendido dentro de los lineamientos de la Sentencia C-891 de 2004 en la que se dice que “sin que por otra parte sea dable restringir el concepto de lo público al ámbito donde se relacionan el Estado Nacional y los ciudadanos; ni el concepto de lo privado a la esfera donde se relacionan los particulares entre sí. Conceptos esos que, en razón de sus múltiples relaciones de pertenencia, afinidad, contradicción, negación y superación, provocan crecientes dificultades a quienes pretenden acuñar tajantes fronteras en el seno de su continua interacción; esto es, en la simbiótica trabazón de lo público y lo privado”.