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A lo largo de la historia, muchas son las empresas que han tenido que trabajar en zonas de conflicto, especialmente aquellas cuya actividad está relacionada con la extracción minera, las de producción agrícola y las de ingeniería, dedicadas a la construcción de vías y oleoductos.
En muchas ocasiones, la labor de estas empresas, aunque ha sido fundamental en la generación de empleo y en el mejoramiento de las condiciones económicas de las regiones donde operan, su actividad no ha contribuido positivamente a generar las condiciones necesarias para la convivencia pacífica y armónica de los trabajadores y las comunidades que se desarrollan en su entorno. Las actividades que realizan algunas empresas, que podríamos denominar “grises”, porque se mueven en ese delgado filo entre lo legal y lo ilegal, al igual que las de otras, muy reconocidas internacionalmente, tiene en común tanto su operación en zonas difíciles, como su capacidad para generar conflictos en su entorno.
Esto constituye un gran dilema, pues de clausurarlas, se perdería el impulso económico que su actividad significaba para la región, así como los puestos de trabajo de los que depende el sustento de muchas familias. Dentro de los análisis de riesgos que se hacían anteriormente, estas compañías solían preguntarse qué les podría pasar a ellas y pocas veces o nunca, si ellas a su vez estaban contribuyendo a lo que pudiera pasarles a quienes dependían de ellas; se preocupaban solo por cuál era el impacto que el conflicto podría tener sobre ellas y no por el que posiblemente ellas estaba generando sobre los demás.
Lo anterior llevó a diferentes organizaciones del mundo, entre ellas al Consejo de Seguridad de la ONU, a trabajar en la determinación de patrones de conducta para que las compañías que trabajaban en zonas difíciles, pudieran continuar desarrollando su actividad, midiendo los riegos a los que podrían verse enfrentadas, sin hacerse daño a sí mismas y especialmente, sin empeorar la situación de violencia que podría vivirse en su entorno.
Todo esto se ha convertido en el estándar global de lo que se ha denominado “Debida diligencia”, que se refiere al análisis actualizado de riesgos, pautas de tolerancia a los mismos y apropiación de los recursos necesarios para atender los casos que se lleguen a presentar, sin atentar contra el medio ambiente y el entorno, y que constituyen hoy en día la metodología del análisis de riesgos, una herramienta fundamental de gerencia. Para establecer si la empresa con su actividad hace o no daño a su entorno, es necesario desarrollar toda una serie de herramientas, que le permitan analizar los procesos de compras, contratación, operación y transporte, así como el funcionamiento de las fundaciones que se creen en procura de mejorar las relaciones con la comunidad.
Estos análisis deben determinar si alguno de estos procesos, posiblemente está causando un impacto adverso, no solamente al medio ambiente, sino especialmente a la gente.
En Colombia, uno de los factores que más han tenido relación de causalidad directa con el conflicto que vivimos, tienen que ver con la forma como algunas compañías y personas naturales adquirieron las tierras que hoy explotan, puesto que en estos procesos se atravesaron toda serie de fenómenos perversos y complejidades.
Esto nos lleva a determinar que las empresas que estén en procesos de adquisición, para no afectar su imagen ni convertirse en nuevas generadoras de conflicto, deben hacer una mayor “debida diligencia” en los procesos de compra de tierras, para cerciorarse de la legalidad de las áreas que pretenden adquirir, especialmente cuando estas se encuentran en zonas donde han ocurrido masacres y procesos de desplazamiento forzoso. En estos casos no basta con la simple documentación que pueda encontrarse en catastro.
Es necesario saber si sobre los predios existe algún proceso de restitución, por ejemplo, y es importante hablar con la comunidad y con los vecinos, para conocer toda la historia que pueda esconderse tras una oferta interesante.
Todo lo anterior apunta a un objetivo específico: que las empresas continúen siendo pilar del desarrollo de las regiones, eliminando los factores de su actividad que puedan ser generadores conflicto, pues no existe otra manera de alcanzar una paz duradera.
