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La peor tajada se la lleva Tecnoquímicas S.A, que deberá pagar la multa máxima por cartelización: $68.945 millones. Familia, por su parte, al haber sido delatora en el caso, recibió un beneficio de exoneración de 50% de la multa, con lo que deberá pagar $34.472 millones.
Colombiana Kimberly Colpapel, también implicada en el cartel que se originó en 2001 y se mantuvo al menos hasta diciembre de 2012, quedó exonerada del total de la multa. Esto, debido a que fue la primera delatora del caso y a que, según la SIC, aportó información y pruebas útiles para establecer la existencia del acuerdo de precios y sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la identidad de los participantes y su grado de responsabilidad.
La investigación hecha por la Delegatura de Protección de la Competencia de la SIC demostró que Drypers Andina, firma a la que también se le abrió investigación en noviembre de 2013, participó del cartel solo durante 2005 y 2006, razón por la que caducó su proceso. Tecnosur, también inmersa en el caso, quedó absuelta porque no participó del acuerdo de precios, debido a que es una sociedad que se dedica únicamente a la fabricación de pañales, y cuyo total de producción es vendido a Tecnoquímicas.
La realización de reuniones periódicas en varias ciudades y la comunicación mediante correo electrónico entre los funcionarios de cada compañía fueron los principales mecanismos que utilizaron las empresas para acordar los precios de los pañales. Este mercado mueve más de $560.000 millones anuales y, según el estrato socioeconómico, las personas gastan cada año entre $234.000 y $960.000 en este producto.
De las 41 personas implicadas en el caso, 16 fueron sancionadas y 25 quedaron exoneradas.
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