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El mercado laboral colombiano presenta elevados niveles de informalidad. Por ejemplo, al medir la formalidad a través de la relación factual Cotizantes Activos PILA/PEA se observa que dicha relación se ha mantenido en niveles de 33%-40% durante 2012-2015. Esto implica que cerca de 60% de la PEA no cotiza a seguridad social, bien porque está desempleada (9% de la PEA) o porque está en sectores donde dicha informalidad se manifiesta no cotizando a seguridad social (51% de la PEA).
Estos elevados niveles de informalidad laboral en Colombia son atribuibles a dos factores principalmente: i) un alto nivel de Salario Mínimo Legal (SML), relativo a patrones internacionales y con alta incidencia en la estructura salarial; y ii) elevados niveles de costos no salariales que entorpecen el proceso de formalización.
Ante ello, la Administración Santos ha tomado medidas encaminadas a lograr un abaratamiento laboral. Allí se destaca el desmonte de 13.5pps de costos no salariales (= 3% del Icbf + 2% del Sena + 8.5% en salud), para el caso de los salarios inferiores a los 10 SML, sustituyéndolos por la sobretasa de Imporrenta del CREE (Ley 1607 de 2012).
No obstante, el marco regulatorio conducente a la aplicación de la reducción de los costos no salariales ha resultado subóptimo, debido a que: i) no se desmontaron los recursos del 4% de las Cajas de Compensación Familiar (Cofamiliares), un ejemplo histórico de “rentas capturadas”; y ii) no se usó el mecanismo de tributación general para reemplazar el fondeo parafiscal delSena, Icbf y salud, sino que se recurrió a las “rentas de destinación específica”, generando serios problemas de “caja atrapada” y carencia de disciplina fiscal.
Más aún, los costos no salariales continúan siendo muy elevados, llegando a niveles del 46%-52% sobre el valor de la nómina, para los salarios que se ubiquen en la franja de 1 SML a 2 SML (vs. niveles del 59%-66% observados antes de la Ley 1607 de 2012).
Si bien dicho costo desciende hacia niveles del 39% en el caso de los salarios que se ubiquen en la franja de 2 SML a 10 SML, el umbral de 46%-52% resulta ser el más representativo para el caso de Colombia. Esto, teniendo en cuenta que el salario medio del sector formal ha ido convergiendo hacia el SML, donde hoy cerca del 58% de los pagos vía PILA están en la franja cercana a 1 SML y un 82% en la franja hasta 2 SML. En efecto, al considerar la distribución de salarios reportados al PILA, dichas cargas no salariales promedian niveles efectivos del 49% del valor de la nómina.
Así, al interior de la Alianza del Pacífico, Colombia (49%) y Perú (50%) resultan ser los países con los costos no salariales más elevados. Dichos resultados superan ampliamente los registros de Chile (12%) y México (28%).
Esos elevados sobrecostos laborales, junto con factores como la carencia de infraestructura, los altos costos de la energía y los deficientes niveles de calidad educativa, implican un elevado “Costo Colombia” para los empresarios. En efecto, el Índice de Competitividad (IC) construido recientemente por Anif muestra que el país ha estado “rajado” en materia de competitividad durante los últimos 15 años, pues el IC nunca sobrepasa puntajes de 3 (sobre 5).
En síntesis, los empresarios colombianos continúan enfrentando elevadas cargas no salariales del orden de 50pps, lo cual los hace menos competitivos a nivel internacional. Por esa razón, el gobierno haría bien en: i) ahondar sobre lo alcanzado en la Ley 1607 de 2012 en materia de parafiscalidad, empezando con el desmonte de la contribución del 4% destinada a las Cofamiliares; y ii) trabajar en la reducción de los costos no salariales indirectos (período de prueba, incapacidades médicas, cuota de aprendices del Sena, entre otros). Solo de esta manera resultará posible continuar elevando la relación Contribuyentes Activos PILA/PEA del actual 38% hacia el ansiado 70%-90% que se observa en países como Chile-España.
