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Hoy en día América Latina invierte US$150.000 millones al año en infraestructura, lo que equivale a cerca de 3% del PIB regional, en contraste con 10% que invierten los países asiáticos. De hecho, se calcula que las inversiones en infraestructura en Latinoamérica deberían duplicarse para cerrar las brechas con las regiones más avanzadas.
Entre los países de la región, Colombia se destaca como pionera en la búsqueda de mecanismos que permitan aumentar y financiar la inversión en infraestructura. No solo creó el Programa de Cuarta Generación de Concesiones (4G), sino que garantizó que los recursos de las obras se desembolsen cuando estén construidas, con requisitos de protección a las comunidades y el medio ambiente, a través de las Asociaciones Públicas y Privadas (APP).
Desde CAF -Banco de Desarrollo de América Latina- tenemos el compromiso de apoyar estructuralmente la creación y mejora de las infraestructuras para impulsar la competitividad y la productividad del país. En ese sentido, la institución estructuró y cerró un Fondo de Deuda Senior para Infraestructura con recursos de inversionistas institucionales para el financiamiento de APP, principalmente del Programa 4G. Bajo esta figura, CAF pone en evidencia el rol catalítico y consigue recursos para prestar a los concesionarios.
En términos económicos, con esta nueva clase de activos se logró superar una “falla del mercado”, ya que permitió que los inversionistas institucionales confíen sus recursos a un gestor de fondos profesional de altísima calidad como es la compañía conformada por CAF Asset Management y Ashmore Group, que identifica, evalúa y aprueba los proyectos y, adicionalmente, administra el activo por 20 años del servicio de la deuda.
Otro de los programas en los que CAF apoya el desarrollo de la infraestructura en el país está concentrado en las vías terciarias. Con recursos de la institución se realizó un estudio que identificó que la red vial terciaria de Colombia, que corresponde a las vías municipales, tiene una longitud estimada de 142.000 kilómetros, de los cuales 19,4% está a cargo de la Nación, 9,8% a cargo de los departamentos y el restante 70,8% es responsabilidad de los municipios.
A pesar de que esta red es prioritaria para la conectividad de la población, el desarrollo de actividades productivas y la consolidación de un escenario de paz, su estado actual se considera crítico en muchas regiones del territorio nacional.
Como resultado de esta colaboración, en 2015 se entregó al Departamento Nacional de Planeación (DNP) el resultado de una consultoría que brinda las bases para la definición de la política sectorial en la materia, a través de la formulación de un documento Conpes.
En cuanto a logística se financió el plan de inversiones del Puerto de Santa Marta - Smitco, con el fin de aumentar la capacidad portuaria de 120.000 a 300.000 TEU, y ofrecer servicios de mayor valor agregado. Respecto a electricidad y telecomunicaciones, se ha trabajado intensamente para ofrecer estos servicios a la población y a la industria con el fin de apoyar las operaciones de comercio exterior. Ahora queda pendiente en estos sectores continuar buscando eficiencia y competencia, para reducir los costos y aumentar la productividad de los negocios de bienes transables.
Es por eso que desde CAF queremos seguir dando apoyo financiero e impulsando el desarrollo empresarial, la competitividad y el aumento de la productividad.
