MI SELECCIÓN DE NOTICIAS
Noticias personalizadas, de acuerdo a sus temas de interés
Agregue a sus temas de interés
Los ministerios de Agricultura e Interior, al lado de la Agencia Nacional de Tierras, empezaron la semana pasada a socializar el proyecto que modifica la Ley 160 de 1994 que creó el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino y abre paso a la polémica expropiación, situación que atenta contra la inversión agroindustrial y la presencia empresarial en el campo.
La preocupación entre los empresarios del agro se extiende a tal punto que los gremios han hecho conocer sus posiciones más radicales en contra de las líneas vertebrales de la iniciativa, tal es el caso de los ganaderos socios de Fedegan, las instituciones de la Sociedad de Agricultores de Colombia, los agricultores arroceros de Fedearroz y los industriales de caña en Asocaña, entre otros.
Algunos de los aspectos que más les preocupa son las facultades jurisdiccionales que tendrá la Agencia Nacional de Tierras en la expropiación por interés social y utilidad pública; los términos para la extinción de dominio y las disposiciones para la definición de las zonas de reserva campesina.
Incluso hay congresistas de la Unidad Nacional que ven en el proyecto grandes problemas: “son preocupantes las acciones que se derivarían del numeral uno, Artículo 4 de la Ley, que define como finalidad del Ordenamiento Social de la Propiedad Rural el bien común, por lo que el bienestar colectivo prima sobre el bienestar particular, siendo legítima la aplicación de medidas, incluso sobre la propiedad de la tierra, tendientes a garantizar el cumplimiento de este principio. Tal alcance quedará en manos de funcionarios de cualquier nivel”.
Además, la Ley mantiene las mismas causales de expropiación que su antecesora, otorgando a la Agencia facultades jurisdiccionales para realizar la declaración de la prescripción adquisitiva de dominio, entre otras cosas, mientras se crea una jurisdicción agraria para los temas de tierras.
Sobre estos temas José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan, aseguró que aunque “todos sabemos que el interés general prima sobre el particular” hay un marcado énfasis en la aplicación de medidas, incluso, sobre la propiedad de la tierra para garantizar ese cumplimiento. Además, aseguró que “el proyecto tiene enormes similitudes con la ley habilitante impulsada por Chavéz en 2010 de la que ya conocemos los resultados”.
Por su parte Rafael Hernández, gerente de Fedearroz, planteó que las disposiciones del artículo 4 también “derivan en una expropiación que puede ser por vía administrativa y que según el consejo de los expertos, posibilitaría la extinción de dominio sin intervención jurisdiccional”, ya que la expropiación no la haría una autoridad competente “rompiendo con el esquema de división de poderes del estado”.
El dirigente gremial dice que “con lo de la expropiación vía administrativa, no hay orientación clara sobre la promoción de la productividad. Así, la propiedad no queda clara quién la posee”. La conclusión de los gremios es que no hay previsiones claras y estables jurídicamente que conduzcan a la pertinente dotación de bienes públicos que permiten su adecuada explotación.
Frente a estas críticas, Miguel Samper Strouss, director de la ANT, aseguró que uno de los productos de las socializaciones que ya se han adelantado en los últimos días es que “en el aspecto en que se habla sobre las facultades jurisdiccionales, ahora lo dejaremos solo como facultades administrativas”, por lo que ésta ya sería una preocupación menos para el sector agroindustrial.
Esta misma posibilidad que ha abierto el Gobierno para discutir los diferentes puntos del proyecto de Ley hace que Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, confíe en que el Gobierno adopte los cambios necesarios que el gremio de gremios ya ha manifestado. Además, aseguró que han hecho propuestas concretas para articular en el proyecto que “el campo sea más incluyente, un motor de desarrollo y competitividad que refleje el sentir de quienes trabajan para producir”.
Beneficiarios con menor patrimonio estarán primero
La Agencia Nacional de Tierras (ANT) trabajará mediante la modalidad de barrido predial para verificar las situaciones jurídicas y materiales de los predios, uno a uno, para garantizar el respeto por los derechos y la propiedad privada. Además, priorizará a los beneficiarios que tengan un patrimonio inferior a 100 SMMLV mediante la creación de el Registro de Sujetos de Ordenamiento (Reso), para respetar la prioridad de acceso a tierras a quienes demuestren menos recursos.
Las opiniones
Jorge Enrique Bedoya
Presidente de la SAC
“Hemos trabajado con el Gobierno y participado con los gremios en los talleres de socialización haciendo énfasis en lo que más nos preocupa”.
Rafael Hernández
Gerente de Fedearroz
“La Ley de tierras es la misma que hemos tenido, pero una de las preocupaciones es la expropiación por vía administrativa”.
José Félix Lafaurie
Presidente de Fedegan
“El proyecto proclama una transformación estructural de la realidad rural del país, pero no explica en qué consiste ese revolcón” .
Carlos Maya
Presidente de Porkcolombia
“Nosotros compartimos las preocupaciones de la SAC y nos sumamos a las posiciones que le manifesten al Gobierno con respecto a la Ley”.
Para determinar los cobros adicionales en la próxima factura se basará en la lectura del consumo de abril y los últimos tres meses
La información la compartió este miércoles la estatal energética. Se presentarán luego del cierre de los mercados, según explicaron
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió a los ciudadanos esperar mientras la capital enfrenta las medidas de racionamiento
