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La estabilidad jurídica, especialmente frente a lo relacionado con la propiedad de la tierra, el trabajo coordinado entre las entidades del sector, la garantía de que reducir las importaciones no afectará los beneficios en precios al consumidor final y la supervisión para evitar que el programa termine siendo manejado por quienes desconocen la realidad del sector, serían fundamentales en el proceso.
En ello coincidieron dirigentes de gremios agropecuarios y expertos consultados por LR que además concordaron en que el plan está bien estructurado, gracias a una concertación previa con los actores de la cadena, por lo que le auguran un desarrollo exitoso.
Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), explicó que para que la iniciativa funcione el sector privado necesita de bienes públicos y una tributación acorde al campo, “de lo contrario es un programa que va a fracasar”. También le pidió al Gobierno cumplir con lo que se está diseñando y bajar el plan de la nube, “porque no hay garantías para invertir en el campo”.
El presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales (Fenalce), Henry Vanegas, aseguró que en el caso de la ampliación en más de 360.000 hectáreas en cultivos de cereales es necesario que se solucione el problema de la inseguridad jurídica sobre la propiedad de la tierra. “La mitad de esos incrementos serían en la Altillanura y la otra mitad en zonas como el Caribe, el Magdalena, el Urabá Antioqueño y el Bajo Cauca”.
La directora de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), Alejandra Ospitia, también pide especial atención en ese punto. Aunque los empresarios le dijeron que sí eran capaces de sembrar las 200.000 hectáreas proyectadas, establecieron como requisitos que se aclare el tema de la inseguridad jurídica, que se ajuste el mapa de vocación forestal, que se construyan protocolos sanitarios para importar semillas y que el Gobierno se comprometa con una política pública de compra de madera.
Por su parte, Eduard Baquero, presidente de la Federación Nacional de Cacaoteros de Colombia (Fedecacao), manifestó que incluso tiene la posibilidad de crecer más de las 60.000 hectáreas prometidas. “Son cifras perfectamente cumplibles, pero necesariamente debe haber una debida articulación entre las demás instituciones que tienen suficiente conocimiento del sector. Si partimos de eso habrá ningún problema”.
En ello coincide Álvaro Palacio, gerente de la Asociación Hortifrutícola de Colombia (Asohofrucol). “El Ministro tiene un método, pero lo importante es que la institucionalidad funcione”, expresó.
El asesor de la Cepal y miembros del Consejo de la Misión Rural, Andrés Espinosa, manifestó que aunque el plan está en construcción es importante que se tengan metas a corto y mediano plazo que le apunten a aumentar el área productiva. “Todo depende de cómo se utilicen los $1,6 billones anunciados”. Además, planteó la necesidad de que se revise la política comercial, “porque no tiene sentido abrir la economía en medio de este plan”.
¿Cómo blindar el plan?
La experiencia de Agro Ingreso Seguro (AIS), cuando un programa de incentivos quedó en manos de los grandes empresarios, es un antecedente que le preocupa a los líderes de opinión, por lo que piden al Gobierno crear instrumentos para manejar el riesgo.
El asesor de Fedesarrollo, Juan José Perfetti, destacó que es necesario revisar la experiencia de AIS para no repetirla en un intento por hacer en tres años lo que históricamente ha costado décadas. “El sector crece a la misma tasa desde 1990, de manera mediocre. Ojalá se logre, pero hasta ahora no hay información clara de cómo será, qué controles va a tener y cómo se va a monitorear”, dijo.
Finalmente, el asesor del Ministerio de Agricultura en esta iniciativa y consultor en banca agroindustrial, Indalecio Dangond, resaltó que los recursos en su mayoría se utilizarán para proteger al productor del riesgo, no para subsidiar la actividad. “Los instrumentos ideados le apuntan a reducir los costos, aumentar la productividad, volver competitiva la actividad y subvencionar la tasa de interés”, concluyó, al tiempo que resaltó que su trabajo es ejecutar.
Cobertura de precios y seguros agropecuarios
El Ministerio de Agricultura está estudiando la implementación de tres instrumentos para manejar el riesgo y otros tres para reducir los costos de producción los cuales serían la columna vertebral de Colombia Siembra. En estos, hay un mecanismo de cobertura de precios, un seguro contra riesgos agropecuarios y otro para protegerse de la fluctuación de la tasa de cambio. Además, solo se iniciarán siembras donde haya condiciones agroecológicas adecuadas y se incentivará la adquisición de maquinaria.
Las opiniones
Rafael Mejía
Presidente de la SAC
“El plan debe funcionar porque no es producto de una imposición sino de la concertación con el Gobierno”.
Andrés Espinosa
Miembro del Consejo Misión Rural
“Se va a invertir en diferentes programas para mejorar la productividad y así competir con las importaciones”.
Indalecio Dangond
Asesor externo de Colombia Siembra
“Estamos trabajando con los que producen, transforman, comercializan y prestan servicios de apoyo”.
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