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Un poco más de un mes antes de las elecciones del 5 de julio de 2012, en la que se eligieron a los miembros de la junta directiva de la Cámara de Comercio de Barranquilla, se empezó a hablar sobre las posibles afiliaciones irregulares de empresas con el fin de influir sobre los resultados. El presidente ejecutivo de entonces, Luis Fernando Castro, anunció que empezarían a investigar el tema.
Las elecciones se realizaron y salió elegida una nueva junta directiva, en la que el empresario Samuel Tcherassi fue designado como presidente. Ahí empezó el mayor revuelo. Dos exdirectivos de la Cámara, Charles Chapman y Pablo Gabriel Obregón Santodomingo, denunciaron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que entre enero y el 31 de marzo de 2012 (fecha en la que vencía el plazo para que los nuevos inscritos pudieran votar), algunos de los miembros elegidos habían inscrito hasta 50 empresas a la Cámara de Comercio, gracias a lo cual habrían salido elegidos.
La SIC inició la investigación y después de recoger datos tomó una decisión. El pasado 11 de diciembre declaró inválidas las elecciones, destituyó la junta directiva y convocó a una nueva fecha para los comicios.
Dentro de las pesquisas de la SIC y como le relató el superintendente Pablo Felipe Robledo a LR, encontraron que en esas fechas se crearon 1.483 sociedades anónimas simplificadas (SAS) por tan solo 72 personas naturales. Dentro de estas se destacó el nombre de Samuel Tcherassi, que en tres meses conformó 46 firmas y las afilió a la Cámara. Además descubrió que entre las nuevas empresas hubo una abstención en las votaciones de 0%, algo atípico en estos comicios.
Los votos de algunas de las listas, como la siete (a la que no pertenecía Tcherassi), tuvieron procedencia de las nuevas SAS hasta por más del 85%. Además estas nuevas empresas aumentaron en 25% el censo electoral.
En la junta continuaron solamente los cuatro miembros del Gobierno Nacional, quienes nombraron provisionalmente a los otros ocho integrantes para poder sesionar.
Paralelo a esto, la Contraloría General de la República señaló en un informe que Castro, el antiguo presidente de la Cámara, había incurrido en presunto detrimento patrimonial por unos $35.000 millones entre 2007 y 2011. El señalamiento fue porque se utilizaron los recursos para rubros diferentes al de registro público.
Los destituidos miembros encabezados por Tcherassi entablaron una acción de tutela en contra de la decisión de la SIC, la cual les fue favorable. Sin embargo se surtió un proceso de apelaciones, en el que cuatro sentencias de diferentes instancias salieron a favor del grupo de Tcherassi y una a favor de la autoridad nacional. Lo último al respecto fue que el juez 35 de Bogotá ordenó la semana pasada el restablecimiento de la junta elegida el 5 de julio, pero la SIC dio la orden de que continuara la que estaba en ejercicio. En este momento las partes están a la espera de que el juez 35 emita una aclaración y se pronuncie la Corte Constitucional, donde también está el proceso.
Según algunas fuentes, la práctica de crear empresas para convertirlas en votos no es nueva en la Cámara, y durante años los dirigentes conservaron así su poder.
