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Al sonado caso de la muerte de Andrés Colmenares, estudiante de ingeniería y economía de la Universidad de los Andes y egresado del Liceo Cervantes, fuerzas políticas y financieras le han dado otro matiz.
Desde noviembre del año 2010, cuando empezó el proceso jurídico, éste ha estado anclado al `prime time` de los medios. Abogados de renombre como el ex fiscal general Mario Iguarán; Jaime Lombana y Jaime Granados, quienes tienen por cliente común al ex presidente Álvaro Uribe Vélez, y Jesús Albeiro Yepes, han puesto sus nombres y marcas en esta batalla jurídica.
Medir los niveles de poder implica también cuánto se ha pagado por los servicios de estas figuras del derecho. En Colombia, la Corporación Colegio Nacional de Abogados (Conalbos) ha establecido unas tarifas guía por etapa del proceso. En el caso de una consulta oral se cobra un salario mínimo mensual vigente, por una escrita se cobran dos. Pero si llegó el caso ante un fiscal especializado se cobran 20 salarios mínimos, y si es ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia son 40 salarios.
Por supuesto, esta es solo una guía, pero sirve para dimensionar el nivel de los defensores de este caso, que ya tienen una trayectoria jurídica importante y se han consolidado como marca, por lo que están muy por encima de estos estándares.
Para Luis Fernando Salazar, presidente de Salazar & Riveros Abogados, esta muerte ha generado un tipo de 'justicia mediática', que además implica 'el culto a la personalidad de los abogados, por lo que el caso se distorsiona por la forma en como están manejando los abogados el proceso en los medios'. Salazar destacó que cuando los casos toman 'tanta importancia mediática, los costos se vuelven inmanejables en la remuneración económica porque, según los mismos medios, se barajan intereses económicos'.
En el derecho, agregó, los profesionales 'no dependemos de tarifas porque no tenemos colegiaturas obligatorias, y las tarifas se cobran dependiendo de la integridad de las gestiones y la magnitud del caso'.
De acuerdo con el abogado penalista Francisco Bernate, los costos de un caso pueden oscilar entre $1,2 millones y $2.000 millones, pero hay quienes dicen que estos abogados podrían estar ganando $500 millones u $800 millones; no obstante, precisar una suma con los `pesos pesados` no es nada fácil.
Bernate aseguró que los costos varían según el tipo de delito, la extensión del proceso y las pruebas que las familias deseen realizar. 'Antes de entrar en vigencia el Sistema Penal Acusatorio los costos para la familia se reducían a los honorarios de abogados, fotocopias y desplazamientos, pero eran mínimos. El nuevo establece que la víctima puede probar el daño y esto multiplicó los costos', dijo.
Aún así, Jaime Lombana se hizo cargo de la defensa de la familia de la víctima ad honorem, lo que implica que su tiempo es donado y no espera recibir honorarios. Aún así, otros costos se suman para las familias como el transporte de los testigos y documentos científicos que puedan demostrar la validez de los argumentos de cada parte. En el caso de Colmenares, su familia tuvo que pagar tiquetes de testigos y abogados, una necropsia psicológica, estudios técnicos relacionados con ubicación de uso de teléfonos celulares, traslados, e inclusive, en los primeros meses del proceso se contrataron 6 investigadores.
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