Permítanme contarles una historia. Año 2015, en los municipios de Turbaco, Ciénaga, Sabanagrande y Lorica, en el departamento de Bolívar, un nutrido grupo de habitantes manifestó su oposición a varios proyectos de infraestructura de telecomunicaciones con la cual se proveen los servicios de telefonía e internet móvil. Los líderes de las comunidades insistían en que estas antenas eran las causantes de distintas enfermedades. Las preocupaciones de las comunidades eran tales que llegaron a cometer actos vandálicos, en algunos casos, contra la infraestructura y arremetidas violentas con el personal técnico que intentaba restablecer la infraestructura afectada.
La situación era apremiante. Por un lado, las cabeceras municipales tenían riesgos de quedarse sin la posibilidad de llamar a celulares y, literalmente, conectarse con el mundo. Por otro lado, TigoUne se vería expuesta a sanciones gubernamentales por cuenta de las quejas por fallas en cobertura y prestación del servicio y afectación en sus planes de expansión de infraestructura. La solución más sencilla, y probablemente más práctica, habría sido desistir y que el proyecto de conectividad para estas zonas se quedara en el papel. Pero esto habría ido en contravía de los valores que toda empresa de telecomunicaciones debe tener en un país como Colombia que demanda mayor conectividad.
Así que, en vez de emprender la retirada o recurrir a instancias legales, decidimos liderar un ejercicio tan viejo como efectivo: escuchar. Diagramamos una estrategia para que los líderes de las comunidades nos transmitieran sus preocupaciones sobre la instalación de infraestructura de telecomunicaciones. En las mesas de trabajo escuchamos todo tipo de mitos: “que las antenas producen cáncer”, “que los brujos utilizan los terminales para sus trabajos”. Una mujer aseguró que “el rendimiento de su esposo en la intimidad había desmejorado desde que instalaron una antena cerca a su casa”.
Finales de año 2015 y principios de 2016. Después de enriquecedoras jornadas de concertación, capacitación y reconocimiento, los habitantes del norte del país ya cuentan con más antenas instaladas en sus municipios. Reconocemos que es un trabajo arduo, necesario y sobre el cuál no se deben agotar esfuerzos, pues el desarrollo solo es posible, en la medida en que se consideren las preocupaciones de quienes van a ser beneficiados por los proyectos. Para darse una idea, actualmente en Turbaco hay 4.811 habitantes por antena en Lorica hay alrededor de 11.000 personas por antena, mientras que en una ciudad desarrollada como Tokio o Londres el promedio es de 250 habitantes por antena.
Lo cierto es que, después de la exitosa implementación del plan de acercamiento con la comunidad, TigoUne, como parte de su estrategia de sostenibilidad, estableció un modelo de gestión social para la entrada de nueva infraestructura de telecomunicaciones en las comunidades de todo el país, logrando que las empresas encargadas del despliegue de infraestructura repliquen este modelo en las comunidades que serán vecinas de las redes de telecomunicaciones. En cifras, TigoUne capacitó cerca de 5.000 personas en temas de infraestructura y sostenibilidad en 2016. En promedio, cada año se realizan actividades con 7.000 ciudadanos cada año.
De acuerdo con estimaciones de Asomóvil, el gremio que congrega a los principales operadores del país, a Colombia le hacen falta entre 7.000 y 10.000 torres de comunicaciones. El resultado de este déficit es un rezago en el despliegue de la tecnología 4G que para 2018 tendría que estar disponible en 1.122 municipios. Por ejemplo, en Bogotá hay 3.076 habitantes por antena, y si esa es la proporción en una capital densificada, podrán imaginar cómo es la situación en las cabeceras municipales.
Como operadores tenemos que reconocer el esfuerzo del Ministerio de las TIC y la Agencia Nacional de Espectro (Ane) para solucionar vía decreto y artículos en el Plan Nacional de Desarrollo este cuello de botella, que todavía se presenta con frecuencia en distintos municipios.
