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El mandatario que ha prometido liderar la transición energética está adoptando una medida que va en sentido opuesto: un nuevo esquema de precios para el etanol y el biodiésel que podría provocar la desaparición de la industria de biocombustibles, y con ella toda la cadena agroindustrial, en tiempo récord.
Con esta decisión, Petro estaría tirando por la borda, más de dos décadas avanzando en energía limpia y desarrollo industrial, pues los biocombustibles son el sector más desarrollado dentro de la transición energética.
Se trata de un sector plenamente consolidado, que produce etanol y biodiésel a escala comercial bajo estándares internacionales y reglas claras que le han dado estabilidad. Su cadena -que enlaza agricultura, manufactura y distribución- contribuye con cerca de 10% del combustible que mueve el transporte terrestre mediante las mezclas con gasolina y diésel.
El uso de biocombustibles no solo impulsa la economía rural, también reduce alrededor de 8% de las emisiones de CO2₂del transporte terrestre. Los estudios lo confirman: el etanol de caña y el biodiésel de palma generan hasta un 83% menos emisiones que los combustibles fósiles, un logro ambiental que merece ser fortalecido, no debilitado.
Lamentablemente, el Gobierno publicó un par de proyectos de resolución que castiga a nuevas fórmulas, el esquema actual que equilibra precios internacionales y costos reales de producir en Colombia sería reemplazado por un modelo de paridad de importación. Un cambio que reduciría de forma significativa los ingresos de los productores de biocombustibles.
Paradójicamente, el país estaría valorando sus biocombustibles como si vinieran de afuera, desconociendo la realidad productiva del país, al no tener en cuenta que, en Colombia, se produce el etanol y el biodiésel, sin subsidios, sin incentivos por reducción de carbono, con costos logísticos elevados por las deficientes carreteras, y enfrentando la volatilidad internacional sin ninguna protección.
El Gobierno está poniendo en riesgo la estabilidad económica de miles de familias que dependen del campo y de la industria. Más de 70% de los productores de palma son pequeños agricultores con menos de 20 hectáreas, dependientes de este negocio, y si se acaba el biodiesel, se verían obligados a vender más aceite de palma en el exterior a precios bajos, afectando su sustento, porque el mercado internacional cambia constantemente.
Buscar una mayor eficiencia en los precios es un objetivo legítimo, pero en el sector energético deben prevalecer la seguridad, la soberanía y la capacidad de avanzar en la transición hacia una economía verde. Es adecuado revisar los métodos, actualizar sus variables y adaptarlos al mercado; no obstante, eliminar el mecanismo que garantiza precios equilibrados y estabilidad para la industria nacional resulta inapropiado. Lo que se presenta como una actualización técnica pone en peligro la única industria del país que impulsa la transición energética, fomenta el empleo rural y contribuye de forma comprobada a la reducción de emisiones.
