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Más aún, utilizando criterios más estrictos que la simple tenencia de “medios de pago transaccionales a través del sistema financiero” (ahora liderados por las cuentas de ahorro), se tiene una situación todavía más retadora para Colombia en materia de inclusión financiera. En efecto, resulta que la proporción adulta que en Colombia utiliza créditos tan solo ascendía a un 46% y aquella que usa instrumentos financieros para propósitos de ahorro era solo de un 3% (BID, 2016), cifras que en ambos casos se ubican por debajo de la media de la región (54% y 7.5%, respectivamente).

Los obstáculos a la inclusión financiera: informalidad y elevado uso del efectivo

Buena parte de los problemas existentes en materia de inclusión financiera en Colombia ha tenido que ver con la permanencia del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF o 4x1.000) durante los últimos 19 años (1998-2017), el cual ha inducido un mayor uso del efectivo y este, a su vez, ha drenado la formalización en materia de pago de impuestos y de parafiscales laborales. Recientemente, el país recibió la mala noticia de haberse adoptado de forma aún más permanente dicho GMF a través de la Ley 1819 de 2016, la cual vino a revertir la idea que había tenido la propia Administración Santos de marchitarlo a partir de 2019 (según la Ley 1739 de 2014), precisamente porque se entendía entonces el daño que esto hacía al drenar las fuentes de formalización transaccional.

Ha podido más la falsa ilusión del recaudo “fácil” del 0.8% del PIB por año de dicho GMF que el trabajo cuidadoso y perseverante de inducir la formalización transaccional, y de contera la formalización laboral y tributaria. Esta última, por sí sola, llegaría a sobrecompensar dicho recaudo tributario con la mera ganancia de un 10% más de recaudo de Imporrenta e IVA, amén de los beneficios en multiplicador monetario y profundización del mercado crediticio que vendría aparejado.

Situación internacional

A nivel internacional, se estima que el uso intensivo del efectivo está focalizado en compras de bajo monto y que la tenencia de efectivo por parte de los hogares no supera el 5% o el 10% de sus activos (Rogoff, 2016; ver http://anif.co/sites/default/files/torre_de_ marfil_rogoff0317.pdf). En Colombia, las cifras disponibles indican que cerca del 90% de las transacciones ocurre en efectivo (Banco de la República, 2014), al igual que el 63% del ahorro de las personas (Asobancaria, 2016). Todo lo anterior implica un elevado manejo del efectivo en el país, el grueso de ello con propósitos de “evasión” e incurriendo en serios problemas de inseguridad ciudadana. Por ello, no sorprende que en Colombia la razón Efectivo/M2 ascienda al 12%, superando 8,3% que se observa en la Alianza del Pacífico. En este sentido, países con economías subterráneas más pequeñas presentan un menor uso del efectivo.

En la medida en que se emitan billetes de alta denominación que faciliten las transacciones en efectivo, se estará induciendo también una profundización de este problema que denominaremos “informalidad transaccional”. Sin lugar a dudas, esa emisión de dinero de alta denominación estará agravando la “maldición del efectivo” en Colombia, la cual ya cuenta con una doble problemática, a saber: i) el “Impuesto a las Transacciones Financieras”; y ii) la facilitación operativa de las transacciones de mayor valor, por menor volumen físico de billetes. Pero, paradójicamente, en Europa y en Estados Unidos los billetes de alta denominación tienen una exagerada participación dentro del valor total del efectivo (cercana al 80%-90% del total), mientras que en Colombia y en Chile es de un 30%-35% del total.

Tamaño de la economía subterránea en Colombia

El creciente uso del efectivo también está afectado por la existencia de una amplia economía subterránea en Colombia. Algunos factores que explican su elevado tamaño tienen que ver con: i) una alta informalidad laboral, donde la relación Cotizantes PILA/ PEA es del 42% y desciende a tan solo un 26% al tener en cuenta que el promedio ponderado de tiempo de cotización es de solo 8 meses frente a los 12 meses que arrojaría una densidad al 100%; ii) a nivel empresarial dicha informalidad llega a niveles del 54% en las Mipymes, según la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP); iii) la ilegalidad derivada del narcotráfico, el contrabando y el terrorismo, ahora con una esperanza de reducción gracias al Acuerdo de Paz firmado a finales de 2016; y iv) la evasión tributaria, particularmente en lo referente al Impuesto de Renta (bordeando el 27%) y al IVA (del 23%), según lo consignado en la motivación de lo que sería la Reforma Tributaria Estructural (Ley 1819 de 2016).

A nivel académico, existen varias estimaciones del tamaño de la economía subterránea en Colombia, las cuales varían de acuerdo con los componentes analizados. Por ejemplo, al considerar el componente de ilegalidad, Villa, Misas y Loayza (2016) encuentran que los ingresos percibidos por el lavado de activos y la financiación del terrorismo ascendían al 2% del PIB en 2013. Por su parte, Rocha (2013) concluye que la participación de la economía subterránea en Colombia (entendida como ingresos por narcotráfico y lavado de activos) ha variado entre el 1% y el 4% del PIB, dependiendo de la intensidad de la violencia.

Sin embargo, a nivel internacional ha venido “calando” otro concepto de economía subterránea que denominaremos “light”, el cual NO incluye actividades ilegales como las del narcotráfico. Bajo este criterio de “economía informal” (más no de economía ilegal) se tiene que aun en el mundo desarrollado su participación promedio llegaría a niveles elevados del 14% del PIB, donde Turquía, Italia y España figuran con valores en el rango 20%-29% del total de sus respectivos PIB. Inclusive la “economía informal” sería tan grande como un 9% del PIB en Japón o un 7% del PIB en Estados Unidos. Así, en el caso de Colombia, el concepto de “economía informal” nos llevaría a valores de un 33% del PIB según Schneider (2013), mientras que en México esa economía informal sería tan grande como un 28% del PIB y aun Chile figuraría con un 21% del PIB. Así, a nivel global se ha ido tomando conciencia sobre la importancia de batallar la economía subterránea. Por ejemplo, recientemente India adoptó políticas para luchar contra “la maldición del dinero en efectivo”. Sin embargo, su implementación resultó caótica.

En el caso de Colombia, se trabaja en la línea de: i) fomentar los medios de pago electrónicos, donde la Ley 1819 de 2016 adelantó el cronograma de aplicación de límites de aceptación de pagos en efectivo para propósitos tributarios de 2019 (como lo establecía la Ley 1739 de 2014) a 2018; y ii) adoptar la “factura electrónica” de forma generalizada a partir de 2019, donde esa misma Ley también hizo avances importantes en este frente. Cabe recordar que el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018 estipuló la meta de reducir la razón Efectivo/M2 de los niveles actuales del 12% hacia el 8,5% a la altura del año 2018, en línea con lo observado en la Alianza del Pacífico en 2016 (8,3%).

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos estudiado la problemática de la economía subterránea y el mayor uso del efectivo en Colombia. En particular, proponemos un índice para monitorear el grado de desarrollo de la economía subterránea en Colombia, el cual utiliza indicadores como: i) la proporción de transacciones realizadas en efectivo; ii) la participación de billetes de alta denominación (en PIB per cápita); y iii) el grado de ilegalidad.

Todo lo anterior ayudará a evaluar la posibilidad de que Colombia logre cumplir con la meta de reducción del uso del efectivo establecida en el PND 2014-2018.

Conclusiones

La baja inclusión financiera en Colombia se ha visto agravada por el Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000), el cual ya ha completado casi 20 años (1998- 2017) y ahora se ha vuelto permanente (Ley 1819 de 2016). Esto ha inducido un mayor uso del efectivo, drenando así la formalización tributaria y laboral. Esta “maldición del efectivo” se reforzará con la facilitación operativa de contar con mayor valor transaccional, apalancado en menor volumen físico de billetes. Esto debido a la emisión de billetes de mayor denominación que ahora representan un 7% del ingreso per cápita/ mensual (vs. el 5% anterior).

Hemos visto aquí las recientes tendencias históricas de la economía subterránea (= mundo informal + ilegal), encontrando que en Colombia asciende casi a un 40% del PIB (= 33,5% informal + 6,3% ilegal), cifra similar a la de México (28,8% informal + 10,9% ilegal), pero inferior al 60% de Perú (53,7% informal + 5,9% ilegal); en todo caso, todos estamos muy por encima del 19% del PIB observado en Chile (= 18,5% informal + 0,2% ilegal. Para hacerle seguimiento a este tema, hemos desarrollado un Índice de la Economía Subterránea (IES), encontrando que su alta incidencia se explica por: i) alta ilegalidad en drogas; ii) baja eficacia tributaria; y iii) elevado uso del efectivo. Aquí se proponen también políticas integrales para elevar la inclusión financiera y reducir el tamaño de nuestra economía subterránea.