El modelo de desarrollo del campo aún está en obra negra, y no debe seguir así por mucho tiempo. se necesitan acciones.
Hay un refrán popular que dice que “un finquero solo tiene dos momentos felices en la vida: cuando compra la finca y cuando la vende”. Aunque es una presentación figurada y simple de la vida en el campo, encierra mucho para referirse a las dificultades que enfrentan quienes, por obligación o voluntad propia, han escogido la vida rural como opción.
El modelo de desarrollo agropecuario, dentro del cual la tenencia de la tierra es solo un elemento, ha estado, y lo seguirá estando, en el centro del debate, como ha ocurrido en otras partes del mundo; con la diferencia que aquí no hemos logrado llegar a un acuerdo y en consecuencia tomar el rumbo definido para el que el campo prospere. La discusión termina en polarización política en la que unos acusan y otros se defienden, con el remoquete de izquierda y derecha.
En todas partes del mundo, la discusión de hoy es muy distinta al pasado, superando creencias como la de que los países agrícolas estaban condenados a la pobreza, pues las potencias fijaban a su antojo los precios de los productos ya que eran quienes manejaban en su beneficio una desequilibrada relación en los términos de intercambio. Se llegó a decir que los productores de alimentos eran subdesarrollados. Paradójicamente, la inflación ha pasado a un segundo plano y la producción de alimentos ha adquirido valor. Esto se explica en buena parte por el arrastre que han tenido las materias primas y el desarrollo de fuentes de energía tomando productos como maíz y azúcar.
Sin duda que en medio de esta concepción moderna de competitividad que hoy se pregona, hay un componente social que no se puede dejar de lado y que está implícito en el desarrollo agrícola, y por esas características mismas del sector, se requiere de un tratamiento y política especial por parte del Estado. En Estados Unidos, las subvenciones al campo adquieren una connotación de seguridad nacional, al igual que en Israel, donde la acción estatal está ligada a la necesidad de una ocupación territorial para evitar agresiones externas.
En el caso colombiano, también debe haber una visión social del campo, pues nadie desconoce que los niveles de pobreza, indigencia y desequilibrio frente a las ciudades en servicios públicos, seguridad social y atención en educación, entre otros, resultan evidentes. En ese orden, una política agraria debe ser una consideración integral y no solo aspectos como la tenencia de la tierra, unas líneas de crédito específicas o unos subsidios temporales para atender calamidades o enfrentar protestas de los campesinos.
La transformación económica y social del campo para que haga parte de un país que prospera, es parte de la deuda social a saldar, con o sin negociación con la guerrilla. Sería una verdadera señal de querer la pacificación objetiva y real en nuestro país.
