Pese a que el Gobierno Nacional logró descongelar el precio del galón de diésel o Acpm y salir casi ileso de un bloqueo de camioneros que prometía desestabilizar la economía, el déficit del llamado Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, Fepc, de casi $11 billones, aún pesa sobre la espalda de los contribuyentes colombianos.
El Fondo es una estrategia obsoleta que buscaba aminorar y equilibrar los precios internos de los combustibles, basándose en la diferencia entre el ingreso del productor local y el precio de paridad. Un mecanismo creado en 2007 por medio de la ley 1151 y que fue perdiendo el ideario original, como una buena solución, para erigirse como un auténtico problema fiscal.
En 2022 el déficit se disparó a $36 billones, el año pasado se redujo a $20,5 billones, pero es necesario hacer más ajustes. Hace un par de meses, la Contraloría General de la República le solicitó al Gobierno agilizar el pago a Ecopetrol por concepto de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, acreencia del Estado con la petrolera, lo que equivale a más de la mitad del total de cuentas por cobrar a corto plazo por parte de la compañía de hidrocarburos.
Es decir, la salud de Ecopetrol estaba en manos del Ministerio de Hacienda y de Minas, entidades que deberían subir el galón de diésel para no afectar las finanzas de la estatal. No atender esa acreencia está poniendo en riesgo la situación financiera de Ecopetrol, que estaba asumiendo las cargas financieras de un Gobierno ineficiente, lo que golpeó la liquidez y las operaciones de la empresa insignia de Colombia.
Una investigación hecha por la Contraloría encontró que en la vigencia de 2022, el saldo del Fepc era de $36,7 billones, monto generado por la diferencia entre los precios del mercado internacional de la gasolina y el diésel, en comparación con las tarifas reguladas. El año pasado, el Ministerio de Hacienda solo giró $2,8 billones a Ecopetrol, por compensaciones correspondientes de segundo, tercer y cuarto trimestres de 2022, pero el dinero aún es corto y las finanzas de la estatal se empiezan a debilitar.
Al finalizar el pasado agosto, se anunció un ajuste de $1.904 en el precio del galón de diésel, según las cuentas que hacía el Ministerio de Hacienda, ese ajuste le ahorraba $1,6 billones, y mitigaba el déficit en el Fondo, tarea que quedó a medias pues solo se logró subir $800, el saldo aún gravita sobre la espalda de los contribuyentes y sobre la salud financiera de Ecopetrol.
El ministro, Ricardo Bonilla, dice que “el año pasado pagamos más de $22 billones por concepto de la deuda del Fepc, este año estamos pagando $20 billones del déficit de 2023. En 2025 tendremos que pagar $10 billones del déficit de este año”, dinero que no se sabe de dónde va a salir porque los camioneros y demás consumidores de diésel no han dado brazo a torcer en ayudar las finanzas públicas.
Lo que realmente debería hacer el Gobierno es dejar atrás el cuento de no buscar más petróleo y exportar más crudo, de tal manera que se mejoren los números de la economía y el país recupere el camino de crecimiento perdido. Las arcas están amenazadas: cuando plantearon $1.904, se recogerían $400.000 millones al mes, unos $1,6 billones en cuatro meses, y en 2025 $4 billones.
Con los $800, es solo 42% de ese total. El problema sigue intacto y la reforma tributaria ya asoma la cabeza.
