Durante las últimas semanas, dos acontecimientos clave han marcado la agenda global: la cumbre entre los presidentes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, y el almuerzo en la Casa Blanca con los principales líderes de la industria de la inteligencia artificial. Ambos encuentros gravitaron en torno al mismo eje: el futuro de la IA y su impacto socioeconómico en un mapa global nítidamente dividido entre potencias impulsoras y naciones gregarias.
De las deliberaciones en Washington se desprende una admisión tácita: la “superinteligencia” -término impulsado por la administración de Trump- ya es una realidad ineludible. En este escenario, el desarrollo ético solo parece viable mediante pactos de autorregulación entre actores simétricos, dado que la tecnología se perfila como el epicentro de una nueva Guerra Fría bipolar. El primer paso formal ha sido el White House Accord on Super Intelligence, un documento que articula cuatro niveles de gobernanza y auditoría, y que compromete a las corporaciones a implementar monitoreos internos de alineación y a desplegar equipos de verificación técnica.
No obstante, la verdadera disputa geopolítica por la hegemonía tecnológica se librará en la infraestructura: centros de datos masivos concebidos como megafactorías con un consumo crítico de energía, minerales estratégicos y combustibles. Es en este eslabón donde los mercados emergentes deben definir su posición en el conflicto económico que se aproxima.
Bajo esta lógica se inscriben los dos memorandos de entendimiento firmados en Barranquilla durante la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, orientados a la cooperación nuclear civil y a la cadena de suministro de minerales críticos y tierras raras. Resulta axiomático que las economías en desarrollo asumirán un rol periférico y proveedor, una realidad que exige advertir a las dirigencias locales que la Quinta Revolución Industrial comenzó hace media década y que la única estrategia pragmática es alinearse con los bloques líderes.
Dicha alineación demanda una reconfiguración estructural de los sistemas educativos, los sectores industriales, la infraestructura logística y el transporte. Pretender fundar industrias locales que rivalicen con la velocidad de la superinteligencia global es un esfuerzo estéril. El verdadero imperativo radica en transformar a Colombia en una sociedad nativa en IA, rediseñando los paradigmas tecnológicos de los aparatos público y productivo. Dilatar la acción pública en debates normativos abstractos sobre el control ético de la IA es anacrónico cuando la disrupción es inminente.
El cambio de época, impulsado por un oligopolio transnacional, requiere de forma simbiótica los recursos tangibles de las periferias globales. Por ello, la adecuación laboral, el despliegue de infraestructura de datos y la reforma educativa deben ser prioridades inaplazables para el Ejecutivo; de lo contrario, el ecosistema nacional correrá el riesgo de sumirse en un rezago histórico si las narrativas de resistencia tecnológica logran hegemonizar la opinión pública.
Es normal que los apocalípticos tengan miedo a situaciones que no dominan, como son las consecuencias de la superinteligencia en sus deberes, oficios y profesiones, pero más que sentarse a gritar “viene el lobo”, lo mejor es enfrentar un escenario desconocido que puede convertirse en la piedra angular de un mejoramiento de la calidad de vida.
En definitiva, el balón está en la cancha de las universidades, de las empresas y de los gobernantes, quienes desde ya deben trazar una hoja de ruta para la adopción de los trepidantes cambios tecnológicos.
