Sube el funcionamiento y baja la inversión

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, radicó en el Congreso de la República el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, mediante el cual pone en discusión el monto que se destinará para invertir en obras públicas, para pagar la deuda y para funcionar en todas sus dependencias. La cifra mágica asciende a $235,6 billones, unos US$78.000 millones al cambio de hoy; un dinero que no es mucho si se observan las necesidades sociales que requiere el país. El monto es solo similar a la riqueza de Bill Gates (US$85.000 millones) o a las exportaciones agrícolas anuales de Brasil (US$85.000 millones). Nos preocupa que de los $235,6 billones, $149,3 billones se vayan para gastos de funcionamiento, es decir, para mantener la necesaria burocracia estatal que en una buena parte de su composición es poco competitiva y sobre la cual no se hace mucha reflexión. Por ejemplo, no hay una actitud real de recortar el abultado gasto público, solo palabras enfáticas del Ministro en los medios de comunicación, que no van acompañadas de ahorros reales. No existe un plan auditado para reducir los gastos o de ahorro por parte de los funcionarios que siguen viajando en manadas a eventos en el exterior o en ciudades de congresos como Cartagena o Medellín. Incluso no legalizan viáticos que con el paso del tiempo se convierten en salarios extraordinarios. Ese billonario monto destinado al gasto implica un crecimiento de 6,3% frente al año anterior, todo un desafío para los congresistas quienes seguramente no harán nada para remediarlo, pues mucha de la burocracia está representada en puesto que ellos mismos han surtido. No puede ser que cuando más se pida ahorro, el mismo Ministerio de Hacienda presente dicho crecimiento.

Pero eso sí, los técnicos de Hacienda redujeron el rubro destinado a inversión que será de $34,2 billones, monto que tiene una baja de 16,8% si lo comparamos con los $41,2 billones de este año. No hay mucha coherencia en las decisiones gubernamentales para presentar este presupuesto, máxime si se tiene en cuenta que el momento que vive el país, de frenesí político y de compromisos con los acuerdos de paz, se necesita no solo de políticas austeras sino de coherencia en el discurso. Para el pago de la deuda se asignaron $51,9 billones, cifra que es casi idéntica a la de este año que es de $51,3 billones. En su orden, si se miran los sectores, la educación se lleva $35,3 billones; la defensa $32,4 billones; el agro $2 billones, y para el llamado posconflicto se destinarán $2,4 billones.

Cárdenas dijo que los supuestos con que fue realizado el proyecto son un crecimiento de la economía para 2017 de 2% y de 3% para 2018; inflación de 4,1% para 2017 y 3,5% para 2018, y, finalmente, una tasa de cambio de $2.983 este año y de $3.027 para el próximo.

A la presente administración solo le queda un año en la Casa de Nariño y en este proyecto de ley no deja claro un interés superior por el ahorro y el recorte del gasto inoficioso del Estado, mientras que a los empresarios no solo se les pide ahorro en tiempos de baja dinámica de consumo, sino que se les aprieta con una carga impositiva muy grande. Es una realidad que enorme parte de los gastos de funcionamiento crecen sin control ni eficiencia, mientras que el rubro destinado a la inversión cae en $5,5 billones. El mensaje que se da con esta línea presupuestal es que la inversión social es secundaria y que la prioridad es seguir manteniendo un Estado gigante sin interés de recortar.