Es común ‘apretar’ al Estado para que brinde seguridad jurídica, pero se olvida que debe ser una acción recíproca
¿Por qué es válido que las empresas multinacionales argumenten que la seguridad jurídica es vital para sus inversiones en Colombia, pero nunca se habla de que debe haber seguridad de doble para el país? La seguridad jurídica es no cambiarle las reglas de juego a un inversionista y ese es uno de los valores que más buscan las multinacionales cuando ingresas con su dinero, tecnología e innovación a un país emergente. Colombia es un país bien valorado en este aspecto, si se compara con lo que sucede en similares como Perú, Ecuador, Venezuela y Argentina, en donde las garantías para el ingreso de capitales foráneos para hacer empresa dejan mucho que desear.
Desde hace más de un siglo nuestro país ha sido terreno productivo para cientos de multinacionales de primera calidad, estadounidenses, inglesas, alemanas, francesas, canadienses, españolas e italianas. Y porque no destacar las novísimas inversiones de multilatinas chilenas y peruanas que han hecho de Colombia su última frontera. Hay debilidades en el marco jurídico para los inversionistas extranjeros como es el orden público y los impuestos. En ambos casos vemos cómo el Estado no ha podido garantizar que los extranjeros no sean secuestrados ni que sus oleoductos, ferrocarriles y demás instalaciones sean víctimas de actos terroristas. En impuestos, nuestro sistema tributario es una colcha de retazos que adolece de una reforma estructural que no se ve a corto plazo.
Pero ahora que se han renegociado licencias, contratos, riesgos compartidos y demás esquemas de explotación de parte y parte entre el Estado colombiano y varias multinacionales, vemos como muchas de ellas argumentan o esgrimen la seguridad jurídica para cambiar condiciones tributarias en materia de regalías, en compensaciones y en planes de responsabilidad social. Cosas como proteger el agua, desarrollar comunidades, generar empleo, cuidar el ambiente, entre otras obligaciones legales, no son un simple favor, son un imperativo nacional para que no ocurra una explotación descarnada como si fuera una república africana del siglo XIX.
Colombia también tiene que argumentar seguridad jurídica de su contraparte. Que no cambien las reglas de juego, que no varíen las condiciones, que le apuesten siempre a los tribunales de arbitramento como instancia que los blinda de algunos incumplimientos. Hay inversión extranjera de primera y segunda mano. Hay multinacionales que se hacen colombianas y que son parte activa en el desarrollo de departamentos enteros y ciudades. Pero hay también inversionistas temporeros que aprovechan momentos políticos para hacer negocios aliados con ex ministros a quienes no les importa el bienestar de futuras generaciones de colombianos.
