miércoles, 12 de agosto de 2020

Con el llamado a conciliar voluntariamente a los consorcios, la nueva alta gerencia de EPM pone en riesgo que las aseguradoras suspendan pago de la póliza todo riesgo de Hidroituango

EditorialLR

La decisión de la gerencia general de EPM de instaurar una demanda de carácter civil contra los consorcios constructores, interventores y calculistas de HidroItuango por los perjuicios económicos generados con la no entrada en operación de la hidroeléctrica, ha desatado toda una serie de interpretaciones políticas y jurídicas, además de daños colaterales que afectan el secreto del éxito de la empresa antioqueña, que no es otro que el respeto por el gobierno corporativo durante casi siete décadas, sin importar la ideología del alcalde de Medellín de turno.

EPM demandó por $9,9 billones a los constructores y las aseguradoras del proyecto: Generación Ituango (Integral - Solingral), CCC Ituango (Construcoes e Comercio Camargo Correa, Conconcreto y Coninsa Ramón H) y el Consorcio Ingetec y Sedic y las aseguradoras Suramericana y Chubb Seguros, saltándose un pequeño detalle o protocolo jurídico y es que ya se había conseguido que Mapfre (la reaseguradora) asumiera la millonaria póliza contra todo riesgo. Habrá que esperar si la multinacional decide suspender el pago dado el nuevo contexto o episodio jurídico, pues es de perogrullo que no se puede pagar dos veces el mismo perjuicio. La temeraria acción jurídica de la gerencia de la empresa antioqueña se basa en el estudio de Skava sobre la eventual causa raíz de los trágicos sucesos que han retrasado la entrada en operación de la importante hidroeléctrica que generará una cuarta parte de la energía del país en los próximos años.

Hay varias zonas oscuras en la nueva querella, por ejemplo que EPM firmó un contrato Bmot (Build Operate Maintain Transfer) con un consorcio para que éste construyera la infraestructura de HidroItuango y la opera por dos décadas, tiempo suficiente para retornar la deuda del proyecto y el capital de riesgo invertido. Cuando finalice el período de operación, la infraestructura se devolverá a HidroItuango SAS, sociedad de la cual EPM tiene 46%, el resto mayoritario es de la Gobernación del Departamento de Antioquia a través del Idea. La incongruencia jurídica que se encuentra es que EPM -el constructor- demanda al subcontratista por la construcción de la cual es responsable.

En muchas comunicaciones internas EPM felicitaba al consorcio por haber seguido adelante con la importante obra y con la tranquilidad que los daños y perjuicios habían sido asumidos por la póliza contra todo riesgo que se venía cancelando. La situación es muy espinosa y sugiere bandazos en la estructuración jurídica de una de las cinco principales empresas nacionales, con el orgullo de que es una entidad pública ejemplo y paradigma de muchas en el resto del país. Este episodio cubre con un manto de inseguridad jurídica lo que esta haciendo EPM, hecho que revela la incomunicación entre la alta gerencia con la junta directiva que ha denunciado que “la no discusión y análisis de temas relevantes en los que la Junta Directiva debería participar (...) la toma de decisiones en temas como: la ampliación del objeto social y decisiones jurídicas contra contratistas y compañías de seguros del proyecto hidroeléctrico Ituango en los que la administración no tuvo en consideración a la Junta Directiva (...) El querer dar a entender a la opinión pública que la Junta Directiva participó en dichas decisiones, cuando en efecto no lo hizo”. Por el bien del país económico esta situación se debe corregir.

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