Preguntas clave sobre la compra de tierras

Por primera vez en la historia reciente del país un gobierno de turno y los ganaderos han dado un paso fundamental en pos de una reforma agraria. José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, y la ministra de Agricultura, Cecilia López, acordaron negociar 3 millones de hectáreas, cuota inicial de una reforma en ciernes que deberá avanzar respuestas sobre lugares, precios, beneficiados, productividad y pago de impuestos. La idea del Ejecutivo es cumplir el compromiso adquirido en los Acuerdos de La Habana con las Farc: entregar a campesinos, comunidades indígenas y afros, hasta 10 millones de hectáreas, 7 millones de hectáreas para un plan de formalización, terrenos que venían de tiempo atrás de un proceso de reclamación, que hicieron parte de algún hecho de violencia, o también, que una familia ya estaba usando porque demostró que era suya, y falta que quede registrado así por un título legal. Y otros 3 millones de hectáreas es tierra nueva, predios que hoy no tiene el Estado y debe adquirir. En este segundo tramo entra el acuerdo con Fedegan, que comienza un proceso de estudio de títulos, negociación y compra y se extenderá durante todo el cuatrienio de la administración actual. Es un enorme avance para el país político y económico, pues por primera vez los tenedores de grandes extensiones de tierra se sientan con el Gobierno para entre los dos actores solucionar un problema en pleno siglo XXI, situaciones que deberían haberse zanjado en el siglo XIX. Ahora los interrogantes son muchos. El primero es de dónde va a salir el dinero para comprar semejante volumen de tierra, el Ministerio de Hacienda ha salido a decir que no se emitirán TES para pagar la millonaria operación. Lo segundo es que los precios de la tierra deben hacerse con el precio comercial, no el avalúo catastral, pues la legalidad de los títulos es la misma inversión que han hecho los propietarios. El tercer punto es más aclarador, y tiene que ver con las distintas regiones en donde los ganaderos están dispuestos a vender sus terrenos. El valor de cada hectárea cambia por municipio y departamento, por explotación actual y por acceso a vías terciarias y hasta mejoramiento del entorno. Está claro que no solo los ganaderos ofertarán tierra, ni que solo serán grandes tenedores de propiedades, sino pequeños productores que preferirán venderle al Estado, pues no hay condiciones de explotación. Pero el cuarto punto es el más problemático: ¿a quién le van a entregar la tierra? ¿cómo se parcelarán las fincas que se adquieran? ¿qué colombianos serán susceptibles de ser depositarios de esas tierras? ¿quién pagará los impuestos en el futuro? ¿habrá escrituración a personas naturales? ¿cómo se garantiza que las tierras para ampliación de resguardos sean productivas? ¿quién asume los prediales a los municipios en donde se vendan las fincas? Son docenas de preguntas nada fáciles de responder. Lo otro, no menor, es cómo se harán productivas. Si el grueso de estas hectáreas venían siendo productivas y pagaban impuestos, cómo garantizarle al país la despensa de productos. Históricamente se ha demostrado que los nuevos propietarios de las tierras regaladas en reformas agrarias son menos productivos o totalmente improductivos. Quizá sea mejor invertir en ayudar a los campesinos que ya tienen tierras a ser más productivos. Otra pregunta: ¿los nuevos propietarios van a pagar los mismos impuestos que van a inducir a los propietarios actuales a vender?