“Obras son amores y no buenas razones”

En muy pocas ocasiones en la historia reciente las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia han sido mejores; la diferencia radica en que, en otras épocas, los hechos estructurales han marcado la pauta. La Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (ATPA/ATPDEA), el Plan Colombia y el Tratado de Libre Comercio (TLC) representan momentos distintos de una relación sólida que convierte al mercado estadounidense en el destino natural de los bienes y servicios exportados por los empresarios colombianos.

Durante la pasada administración colombiana, resultaba incomprensible que Estados Unidos aplicara a Colombia las mismas políticas restrictivas -enmarcadas en la guerra arancelaria- que implementaba con otros países productores de bienes similares. Dicho de otra manera, para la administración de Donald Trump no hubo diferencias entre Centroamérica, Chile, Perú o Colombia: metió a los mercados del continente en el mismo saco y les aplicó las mismas tasas arancelarias.

Sin embargo, Colombia debe recibir siempre un trato preferencial por parte de Estados Unidos, debido a la simple razón de que ambos son las naciones más afectadas por el narcotráfico y es entre ellas donde deben construirse las soluciones a este problema global. Desde las preferencias arancelarias históricas hasta el TLC, el cordón umbilical del comercio binacional ha sido el ataque conjunto contra este flagelo.

Si los productos colombianos cuentan con ventajas arancelarias, lo más probable es que las zonas de cultivo ilícito disminuyan gracias a una sustitución económica real de la coca por el cacao, el café, la palma y diversos productos agrícolas. La política comercial estadounidense debe considerar que Colombia no solo es un aliado estratégico en la lucha contra el narcotráfico, sino una región que requiere apoyo en seguridad para contrarrestar el cultivo, la industrialización y la exportación de estupefacientes.

Por lo tanto, es imperativo que Estados Unidos retire el arancel del 12,5% que cobra a ciertos productos colombianos, utilizándolo como un mecanismo para promocionar la sustitución de cultivos y la tecnificación de bienes manufacturados competitivos en la economía del norte. El viejo adagio popular «obras son amores y no buenas razones» se aplica a la perfección en esta coyuntura. De nada sirve que la Casa Blanca y la Casa de Nariño mantengan un diálogo fluido en materia de seguridad regional bajo el concepto del «Escudo de las Américas», si los productos colombianos son tratados sin distinción alguna en el gran mercado estadounidense.

Históricamente, Colombia y Estados Unidos han caminado juntos en esta materia; el comercio ha funcionado como la zanahoria y el ataque frontal contra los carteles como el garrote. No es insensato exigir un tratamiento especial ahora que se vislumbran vientos de cambio radicales en el contexto regional, con una Venezuela en plena transición y una Colombia dispuesta a desmantelar los focos de narcotráfico que financian la inseguridad continental.

El nuevo gobierno colombiano debe promover ante Estados Unidos una hoja de ruta para las próximas dos décadas que aprenda de la historia y plantee verdaderos pilares de cambio. Esta estrategia integral debe basarse en tres ejes: primero, la persecución frontal de los narcotraficantes en el territorio; segundo, el respaldo mediante acuerdos comerciales que beneficien a los empresarios formales que exportan al mercado norteamericano; y tercero, un compromiso mutuo a largo plazo para derrotar este flagelo como el epicentro de la agenda bilateral. Todo esto será viable si se entiende, finalmente, que ambos países son socios en la solución de un mismo problema.