No hay que actuar sin todos los elementos

Hay un documento que toma fuerza entre los intelectuales colombianos y los hacedores de políticas públicas. Se trata de una carta firmada por personajes influyentes de la vida nacional e internacional en la que le solicitan al Gobierno Nacional liderar un retiro masivo del Sistema Internacional de Arbitraje de Inversión, una suerte de alto tribunal donde se dirimen las disputas, por fuera del territorio, entre gobiernos y privados.

El órgano tutor del sistema es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), elevado a mecanismo clave para el crecimiento económico en países que tratan de avanzar inorgánicamente a través de la inversión extranjera. Es un tema neurálgico para los mercados emergentes que se encuentra en el dilema de las autonomías de los Estados y las interferencias en la soberanía. El argumento es que el mecanismo, incluido en todos los tratados de libre comercio, le permite a las empresas extranjeras demandar a los Estados y evita a las cortes nacionales.

A su juicio, esto genera asimetrías que otorgan mayores garantías a inversionistas extranjeros que a actores locales. Justamente, elemento por el cual existe dicho tribunal internacional: una máxima instancia que le permita a los grandes inversionistas tener posibilidades en disputas contra las naciones. Argumentan que “aunque el arbitraje se presenta como una herramienta de protección frente a tratos injustos, en la práctica ha sido utilizado por multinacionales para cuestionar políticas públicas, especialmente aquellas relacionadas con la regulación ambiental o climática, bajo el argumento de afectaciones a su rentabilidad”. Dice el documento que “la evidencia empírica no demuestra una relación significativa entre la existencia de estos acuerdos y mayores flujos de inversión”, citando el caso de Brasil, que no ha adoptado este sistema y es uno de los principales receptores de inversión en la región.

Lo propio en estos casos es que las universidades y los centros de investigación económica estudien el tema bajo la batuta de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que debería ser la entidad que pone el tema de moda. No hay muchos datos que demuestren que a Colombia le va mal en el Ciadi, como tampoco números que comprueben que la pertenencia a dicho sistema sea un motor para atraer inversión extranjera. Es cierto que hay grandes corporaciones internacionales que son expertas en ganar licitaciones en mercados emergentes, recibir anticipos, aprobar préstamos, vender participaciones y nunca hacer las obras pactadas, y es más, demandan al país por diversos motivos y, al cabo, ni hacen la obra, hacen perder tiempo y ganan millonarias indemnizaciones.

Muchas multinacionales invierten más en abogados que en ingenieros porque saben que los países subdesarrollados casi siempre pierden en el sistema internacional de arbitraje. Pero no se puede desconocer que al grado de inversión de un país, la seguridad tributaria y la estabilidad en el orden público son factores determinantes para que las grandes inversiones nunca vayan a disputas en tribunales de arbitramento. En algo sí tienen razón: las disputas que han tenido que ver con Colombia están relacionadas con las consultas previas, las licencias ambientales y el manejo de las comunidades, factores que se han convertido en las causas más grandes de la falta de competitividad en infraestructura. Por ahora, lo único que hay que decir es que es un tema de oscuros y claros que se debe estudiar a profundidad.