Hace solo unos días, el Gobierno anunció que presentará un plan de salvamento financiero para los sistemas de transporte masivo, en particular para Barranquilla y Cartagena y solo hace unos días lo había hecho para Cali. Las cifras no son para nada despreciables. El tema será objeto de estudio y de definiciones por parte del Consejo Nacional de Política Económica y Social, Conpes.
El asunto se hizo público luego que se conociera la bancarrota de la empresa que recibió en concesión la de la calle 26 de la capital y que tiene una duración de 24 años. La empresa solo ha cumplido el contrato en 30% y el faltante se estima ya en más de $140.000 millones. Lo anterior lleva a plantear una reflexión seria acerca del esquema financiero del sistema de transporte masivo, distinto del de Medellín, que se ha montado en distintas ciudades del país, y no porque el de la capital antioqueña no haya sido objeto de debate, sino porque se encontró una salida de largo plazo para el servicio su deuda.
Como un mecanismo de compensación, el financiamiento de los sistemas de transporte urbano en el país se sustentan en que el gobierno central tiene la obligación de aportar 70% del costo del proyecto, como lo establece la llamada “ley de metros” y la región o ciudad respectiva debe responder por el porcentaje restante. Dadas las dificultades financieras que enfrentan varios de los “transmilenios” como lo ha advertido el gobierno, comienzan a surgir dudas sobre la acertada planeación de los proyectos.
Como muchas de las cosas que ocurren en nuestro país, dado el cuantioso aporte de la Nación en los distintos proyectos, no sería extraño que las ciudades interesadas se hayan creído con un derecho adquirido para tener un sistema de transporte masivo que luego de construido no lo puedan sostener y se tenga que recurrir de nuevo a partidas del presupuesto nacional para hacerlos viables, lo cual no solo es injusto con otras regiones, sino que pone en riesgo las finanzas del gobierno central. La realidad es que las administraciones locales deben asumir desde un comienzo un compromiso serio en el sostenimiento de su sistema de transporte.
Todo proyecto nuevo deberá ser sometido a un examen para asegurar que al menos es sostenible financieramente en su operación. Es la única manera de garantizar que otras ciudades tengan acceso a los recursos públicos con el mismo fin y en caso de que no ocurra así, el proyecto debe revaluarse o la comunidad asumir un riesgo mayor. La aplicación del principio de sostenibilidad debe siempre estar presente, no solo en el caso del transporte masivo, sino en otros sectores, en el entendido que los recursos del Estado son limitados y deben ser manejados con la máxima prudencia y ortodoxia.
