Pocos programas sociales pueden tener tanto impacto como el de las casas gratis, pero hay que hacerle seguimiento
ue el Gobierno Nacional entregue casas gratis no puede poner furiosos a los opositores de oficio de la administración Santos; ni los responsables de esta efectiva política pública pueden posar de ‘Mesías’ de este acertado programa que le cambiará la vida a miles de familias pobres. Lo de la vivienda sin costo es de esas ejecuciones en las que los diferentes puntos de vista se deben poner de acuerdo en cómo mejorar sobre lo construido, y entre todos hacer que los colombianos más necesitados vuelvan a creer en nuestra clase dirigente.
En Brasil, Perú y Chile esas políticas públicas son comunes en los últimos gobiernos y son los países que lideran la reducción de la pobreza en la región. Las casas gratis no solo le cambian la vida a miles de familias necesitadas, sino que ponen a prueba la capacidad gerencial del Gobierno Nacional, pues la coordinación tripartita entre la administración nacional, los empresarios y los beneficiarios debe ser permanente. En Colombia, la entrega de casas por el Ministerio de Vivienda es ya un ejemplo de éxito, no solo por el número de soluciones habitacionales entregadas y por el tiempo en que se ha realizado, sino por la gran convocatoria empresarial en el sector de la construcción. Son las compañías más importantes de esta actividad las que se han hecho presentes con su trabajo honrado para entregar en menos de 12 meses miles de casas; los proyectos tienen algunos retrasos normales, pero son mínimos, como nunca el Estado está demostrando que cuando se quiere se pueden hacer proyectos ambiciosos.
La pregunta clave es por qué esa capacidad gerencial que ha demostrado el ministro Vargas Lleras y su equipo ministerial no se puede trasladar a las obras de infraestructura, si los empresarios son casi los mismos. Llevamos años esperando a que Buenaventura tenga una doble calzada de acceso; a que el Túnel de la Línea sea una realidad, y que la Ruta del Sol se haga de una vez por todas. Pero más allá de lo efectivo que está siendo el programa social emprendido hasta ahora, óigase bien: ‘hasta ahora’, hay situaciones más allá que se deben ejecutar para que el programa no fracase en su implementación práctica.
Debe haber claridad de cómo acceder a ser beneficiario; los premiados deben tener las reglas claras sobre el bien inmueble; la vida social en estos conjuntos residenciales debe ser reglamentada, tal como sucede en cualquier conjunto; no pueden darse casas para que carteles de pobreza las alquilen; no se pueden rehacer las viviendas; no se pueden vender ni modificar; el pago de los servicios públicos debe ser cultural. Son tantas cosas que hay por hacer que el Ministerio de Vivienda debe garantizar para que no se tire este excelente programa.
