Los malos ejemplos del poder regional

El espectáculo del mal llamado Programa de Alimentación Escolar (PAE), en el cual el Estado (léase los contribuyentes colombianos) gasta alrededor de $1 billón al año,  produce decepción y rabia no solo por el maltrato al que son sometidos los niños pobres del país, sino por ser una demostración de ineficiencia en la administración de los recursos públicos y de la descomposición sin límite a la que se ha llegado en algunas instancias sociales.

En primer término, resulta inconcebible que se diseñen programas como el PAE sin que se cuenten con los mecanismos de administración y seguimiento por parte de las entidades públicas nacionales y locales, pero a la vez que los organismos de control y la Fiscalía no hayan tomado cartas en el asunto para sancionar a los culpables y solo se hayan quedado en llamados de atención o como se dice popularmente “saludos a la bandera” que solo producen burla de los implicados en los malos manejos de los recursos que son verdaderas mafias extendidas por todo el país. No sería extraño que como gran acción ejemplar se publicite una destitución de un secretario o se ponga preso a un funcionario de un alejado municipio tratando de demostrar una falsa efectividad.

No hay que engañarse o decir las verdades a medias. La responsabilidad aquí es tanto del Gobierno central que diseñó el programa y aporta buena parte de la financiación, como de los gobernadores y alcaldes quienes también aportan recursos y son los encargados de la administración del programa incluyendo la escogencia de los operadores. La salida fácil de los mandatarios seccionales no puede ser ahora la de pedir más recursos cuando no han tenido la diligencia para manejarlos. Si es real su amenaza de no seguir con el programa, el Gobierno nacional debe aprovechar la oportunidad para reorganizarlo totalmente.

El caso de este programa no es la excepción en el país y es producto de un manejo desagregado de la política de Estado y de una concepción equivocada de la descentralización en la que el centro coloca los recursos para que sean administrados por la regiones, sin que estas asuman la responsabilidad debida. Los dineros del Sistema General de Participaciones y de las regalías siguen ese mismo perverso patrón de comportamiento y seguramente hay muchas irregularidades que no se conocen. 

Una política para la niñez y la juventud debe cubrir integralmente los proyectos y programas por la vía de una coordinación efectiva y no ser dispersada entre las distintas entidades para que sea manejada a su antojo. Pero además, su ejecución no debe ser el mero resultado de un trabajo de tecnócratas que imponen sus criterios alejados de una realidad específica, sino objeto de un pacto social que incluya la veeduría ciudadana descentralizada que impida a políticos corruptos y bandas criminales ganarse las licitaciones, así como vigilar el cumplimiento y ejecución.