Los costos ocultos de la ineficiencia del Estado

Las evidencias son claras sobre la baja competitividad de la economía colombiana, asunto que no se puede reducir en creer que el problema se soluciona con una mayor depreciación de la moneda, pues aunque coyunturalmente sea importante este instrumento, su efecto es negativo en muchos casos en las empresas que requieren insumos importados o modernizar procesos de producción, traer materias primas y bienes de capital. La devaluación de la moneda también tiene impacta otros costos y a las mismas finanzas públicas. 

La actividad productiva y los mismos consumidores se están enfrentando a una estructura de costos muy pesada que incluye los más variados factores que terminan afectando, incluso, la supervivencia de los negocios y la misma capacidad de compra de lo hogares. Los ejemplos abundan. En Colombia, tenemos los peajes quizá más altos del mundo por kilómetro. Los bogotanos pagan las tarifas más altas de agua en América Latina y por efecto de la sobretasa el precio de la gasolina también sea de los más altos en América Latina con Argentina, Uruguay y Chile.

Cada gobierno que arranca introduce un reforma tributaria que luego complementa, lo cual sin duda nos coloca en la cabeza del ranking mundial, al igual que los mandatarios locales que solo encuentran en las empresas y en los ciudadanos la opción para financiar sus planes, pero nunca buscan la alternativa de gastar menos o redireccionar los gastos para atender las necesidades públicas. La tramitomanía se ha convertido en otro costo oculto de la economía que afecta a las empresas contratistas con el Estado que junto con los pleitos y defensas judiciales llevan a las compañías a tener departamentos jurídicos más costosos que los de atención al cliente o mercadeo, asuntos vitales para los negocios.    

La competitividad de la economía que tanto pregonan los tecnócratas está siendo afectada por los mismos gobiernos, además de la nula coordinación entre los niveles oficiales, como es el caso en asuntos ambientales y consultas previas que inducen a prácticas de corrupción y lo saben quienes tienen negocios con el sector público. Esos costos y cargas, muchos de ellos ocultos, impactan y son parte del costo de vida que hoy están sufriendo los colombianos, pues quienes terminan pagándolos en muy buena parte son los consumidores por la vía de mayores precios, tarifas y sobretasas. La economía está acumulando una especie de inflación “estructural” que no es resultado de problemas propios como la oferta y no se puede atacar con los instrumentos tradicionales de que se disponen.

Es urgente que quienes manejan los asuntos públicos tomen conciencia y se arranque un programa serio de eficiencia para enfrentar la fallas de logística que nacen en el Estado y que las consecuencias se trasladen a la actividad privada que carga con los sobrecostos.