Lo que no se mide no progresa

Por donde se midan las universidades nacionales han progresado en el concierto internacional. Hasta hace solo una década no aparecían en los listados globales, mientras que ahora hay un grupo de instituciones educativas en expansión que no solo suben en los escalafones, sino que empiezan a tomar posiciones de vanguardia en la región. En Colombia funcionan unas 288 instituciones de educación superior vigiladas por el Ministerio de Educación, entre las cuales sobresalen 52 acreditadas en alta calidad, el resto tienen crecimientos sostenidos gracias a avances en los tres pilares que garantizan calidad del servicio que entregan: profesores con doctorados; instalaciones adecuadas e investigación científica permanente. En contexto, la educación universitaria en Colombia ha mejorado en la última década y la cartera tutora del sector no ha sido inferior al reto que le impone la globalización educativa. No obstante, la constante son los paros, huelgas, protestas y toda una suerte de choques con el Estado por ayudas, subsidios y nuevas políticas públicas en función de una mejor educación universitaria.

Hoy el nuevo Gobierno Nacional deberá enfrentar su primera prueba de fuego en materia de protesta social y justamente cae del sector educativo, que no solo es el más neurálgico y estratégico sobre el cual recae la solución a los grandes problemas de desarrollo en Colombia, sino que es a su vez, el que mayor parte del presupuesto nacional muerde, $35 billones se destinan a este sector, la mayor tajada de las arcas estatales, pero la cifra puede llamar a engaños, pues la mayor parte se la lleva el otrora llamado magisterio que tienen en Fecode su arma de combate más afilada. Bien pueden pelear los profesores y universitarios estatales que el dinero que les destinan no les alcanza para ser cada vez más competitivos y comprometidos con el desarrollo nacional y pueden tener razón. Si hubiese un Ministerio de Educación fuerte y con mucha credibilidad en el sector que regenta, sería muy fácil redistribuir los montos presupuestales, pero eso es imposible, pues nos hemos acostumbrado a la beligerancia de un sector que pide, pide y pide y no se sienta a trabajar por mejores equilibrios en términos de dinero.

Lo primero que hay que hacer es lograr que todas las universidades públicas se puedan medir para que de esta manera se les destine un mayor porcentaje del presupuesto. Es impresentable que muchas universidades públicas reciban el mismo dinero premiando su mediocridad, mientras que las mejores -como la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle- tengan que arrastrar como rémoras las malas notas permanentes de otras como la Universidad del Atlántico o la Universidad de La Guajira. Ningún ministro del ramo sería capaz de negarle más dinero a las universidades públicas de alta calidad, pues sería un contrasentido. Por eso, todo el sector debe sentarse a reflexionar sobre los presupuestos, las ayudas, los programas para elaborar una hoja de ruta del sector educativo a largo plazo, quizá este Ministerio logre tomar el toro por los cuernos y empezar a trabajar hombro a hombro con los líderes, pero bajo la condición de que el dinero público no es de caucho, que no se multiplica y que debe distribuirse de manera eficiente en donde los mejores se beneficien en función de sus esfuerzos.